Por una ciudad bella y funcional

La aprobación del Dictamen de la Comisión Ciudad, Arquitectura y Patrimonio, discutido previamente por los delegados, fue un hecho en la segunda jornada del Congreso.

Ocho aspectos conformaron la base conceptual de los aspectos abordados, entre ellos, las ciudades cubanas como patrimonio cultural de la nación y la necesidad de preservar y proteger la excepcionalidad de la calidad de su imagen; la disciplina urbanística; los recursos económicos disponibles para la ciudad y su financiamiento, y el problema de la vivienda en Cuba.

El sector de la economía no estatal y su proyección en las nuevas demandas de la ciudad y en la arquitectura del país; la calidad de la arquitectura y el urbanismo contemporáneos y la estrategia de diseño e intervención; la enseñanza de la arquitectura y la divulgación de los temas de la arquitectura y de la ciudad en los medios y la educación ciudadana, cuentan entre los otros elementos contemplados en el documento.

Los conceptos enunciados formarán parte de las posibles acciones que, a través del Partido, deberán ser consideradas por las instituciones del Estado, con el propósito de fortalecer las políticas culturales, donde estas ya han sido establecidas y de crearlas donde no han sido instrumentadas.

Con la intención de que estas propuestas contribuyan a la proyección del trabajo de la UNEAC en la etapa siguiente se convino en la necesidad de fortalecer la autoridad de la UNEAC como representante de los intelectuales y artistas, para crear conciencia en las autoridades e instituciones con responsabilidad de decisión en los temas de la ciudad, la arquitectura y el patrimonio.

Particular hincapié se hizo, atendiendo al respecto, en que se analice el riesgo de pérdida de valores culturales y naturales en sitios turísticos.

También se abordó la amplitud y diversidad del patrimonio en su más abarcadora acepción. Se propuso crear un comisión dedicada al patrimonio de la nación cubana, así como el estrechamiento de los vínculos de trabajo con el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, así como con las comisiones de Ciudad, Arquitectura y Patrimonio, y de Cultura, Educación y Sociedad.

Otra proposición aboga por que se estudie con enfoque interdisciplinario y énfasis en la sociología urbana los efectos que provocan en el plano psicosocial el deterioro de la arquitectura y el espacio urbano, así como el efecto de la marginalidad ambiental en el deterioro de los valores espirituales y las conductas sociales.

Otro acuerdo reafirma la dimensión cultural de los pueblos y ciudades cubanas por lo que se considera preciso fortalecer las políticas encaminadas a preservar nuestras ciudades.

Por otra parte se demanda que la arquitectura cubana vuelva a tener la alta calidad que la caracterizó en otros tiempos y se insiste en la autorización de grupos creativos independientes con talento probado como alternativa al trabajo de las empresas de proyecto del Estado.

El dictamen reconoce los resultados alcanzados por la Oficina del Historiador, y del Conservador en los centros históricos del país que han logrado además el mejoramiento de las condiciones de las comunidades en tanto refuerzan su identidad y con ello la conciencia ciudadana.

Una sugerencia reza que se evalúe la necesidad de que el Instituto Nacional de la Vivienda no esté subordinado como un entidad más del Ministerio de la Construcción, con el propósito de evitar que el propio organismo rector de las construcciones del país establezca las políticas de la vivienda y el hábitat en Cuba.

Respecto a la enseñanza de la arquitectura se deben considerar las ciudades cubanas y su patrimonio como eje de interés fundamental en los objetivos académicos, de manera que la enseñanza de la arquitectura debería potenciarse desde un estrecho vinculo con la ciudad misma.

El dictamen toca la imprecisión con que se desenvuelve en la ciudad el sector no estatal, que cobra fuerza y puede ser un motor impulsor de la economía local si se encamina adecuadamente. No se considera inversionista al trabajador por cuenta propia que como tal debería tener deberes y derechos más allá del pago de la ONAT como contribuyente, se explica.

Por ultimo el texto contempla que la política cultural del país debe considerar la creación de una plataforma que ofrezca oportunidades de desarrollo a jóvenes creadores como los arquitectos para el emprendimiento de sus proyectos, lo cual contribuiría a disminuir este proceso de pérdida da capital humano formado con el esfuerzo de la nación entera.