Detrás del volante…“enrutando” precios y pasajes

Ya va tarde para el trabajo… casi una hora ahí, esperando. Mira el reloj y suspira.

¡Tulipán y Boyeros! anuncia el chofer del “almendrón”, que por segundos se estaciona en el punto piquera de La Víbora, municipio habanero de Diez de Octubre. Algunos pasajeros se suben, otros, la mayoría, se quedan atrás, esperando. “Con este son tres los carros que pa­san y no llegan hasta el Vedado”, dice Ma­rio Martín, y vuelve a mirar el reloj.

“Nunca antes se había puesto así la piquera… hoy mismo, estoy aquí desde las siete de la mañana y son las ocho y todavía no he podido irme. Para colmo ahora los boteros cortan el recorrido. ¿Y cómo se resuelve eso? Porque es un servicio de oferta y demanda y no tienen que dar más explicaciones”, cuestiona.

Por su parte, Roberto González Pérez, quien desde el 2012 realiza la actividad por cuenta propia de gestor de pasajeros (buquenque), reconoce que aunque siempre hu­bo conductores que hacían solo la mitad de la ruta, a raíz de la disposición del Gobierno de la capital, es cierto que ahora son más los que dividen el viaje.

“Entre 20 carros que todos los días entraban por aquí, desde que se aplicó la medida solo están funcionando menos de la mitad, y la verdad necesitamos que vuelvan porque mira cómo está la cola… y no solo en esta hora de la mañana —que es horario pico— a veces son las 11 y todavía hay aquí diez o 15 personas esperando”.

En la ruta Palma-La Habana Vieja el panorama dista de ser diferente. Desde las avenidas, manos que se lanzan al aire y preguntan recorridos con gestos.

Cuando al fin un taxi con pintas de Chevrolet del 56 se detiene, varias preguntas se apilan en la puerta del conductor: ¿Pa’ La Habana “chofe”? ¿Vía Blanca? ¿Has­ta dónde llega? Pero parece que en estas últimas semanas pocos choferes detrás del volante cumplen al pie origen y destino de los viajes; extraña coincidencia que alimenta el rumor y la incomodidad de quienes ante la urgencia, las vicisitudes del transporte público o porque simplemente quieren hacer su travesía más cómoda, no les queda otra alternativa que hacer señas y coger una máquina.

Desde que el pasado 14 de julio el Consejo de Administración Provincial (CAP) de La Habana emitiera el acuerdo 185 —que estableció que los transportistas que ejercen este trabajo por cuenta propia no pueden subir el valor del pasaje y que solo se admitirán los precios referenciales que se cobraban hasta el 1ro. de julio— tal parece que los almendrones se han “recogido” en espera de que las aguas tomen su nivel…, o al menos eso es lo que nos dice la opinión pública.

“Hay que buscarle otra solución a este problema. Ahora mismo casi no se ven los boteros y los que están en la calle están así, que parten el recorrido para al final cobrar más”. “Ya no te dicen que el viaje cuesta 20 pesos, lo que hacen es que no llegan al destino de siempre, y al final es lo mismo”. “La decisión fue buena porque puso un freno a la especulación, pero por otra parte creó un problema: los taxistas no quieren trabajar, y los afectados somos nosotros”. “¿Qué están haciendo los bo­teros? Huelga de brazos caídos”.

Con estas mismas dudas e inquietudes lle­gó Granma hasta las oficinas de la Di­rección Ge­neral de Transporte del territorio; intercambio donde también participaron autoridades del gobierno provincial.

Por el monitoreo que hemos hecho, sabemos que algunos transportistas han dejado de trabajar, sobre todo los que estaban operando con ilegalidades, es decir, sin la licencia correspondiente o con equipos con problemas técnicos, indica a nuestro diario Raúl Carmona, vicepresidente del CAP en la capital.

No obstante, menciona, se estaba dando una situación que no podíamos pasar por alto y las autoridades de control tuvimos que intervenir.

Además, hay que tener en cuenta que los precios vigentes antes del 1ro. de julio ya habían sido modelados. A finales del 2015, a través de encuestas realizadas a la población y a los mismos porteadores, además de otras informaciones recopiladas por los órganos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y los inspectores, se hizo un listado de precios referenciales, y eso es lo que estamos pidiendo que respeten, advierte Carmona.

“Por otra parte, sabemos que a raíz de la situación que vive el país, se tuvieron que realizar restricciones en la asignación del combustible al sector estatal, pero esto no tiene por qué incidir en la actividad de los llamados boteros”.

Como refiere Maribel Poulot Bravo, directora de pasajes de la Dirección General de Trans­porte de La Habana, si la Oficina Na­cional de Administración Tributaria (ONAT) no aumentó los tributos, si cuando los titulares de licencias operativas hacen su declaración jurada re­fieren que van a los Servicentros Cupet Ci­mex (donde no varió el precio del combustible) y, si además dicen que cobran los precios referenciales acordados, entonces, no hay razón alguna para que hayan subido el pasaje.

Sin embargo, entre pasillos y comentarios en la calle se afirma que la principal fuente de combustible que utilizaban estos transportistas privados provenía de las empresas estatales, como resultado casi siempre de la ineficiencia de los filtros de control. Pero al tratarse esta de una actividad ilícita, no se justifica lógicamente la cadena acción-reacción.

Lo innegable, más allá de las explicaciones, es que el gobierno provincial tomó —co­mo le corresponde— cartas en el asunto y co­mo resultado de las acciones de enfrentamiento e inspecciones en piqueras y corredores, hasta el cierre del mes de julio, se habían realizado en las estaciones de la PNR 154 denuncias por actividad económica ilícita que están pendientes a un proceso de verificación por la instrucción penal, y canceladas definitivamente 44 licencias operativas. A ello se ha sumado el protagonismo de los ciudadanos y las delaciones realizadas por la población a través de las llamadas telefónicas.
 
LO QUE DICEN ELLOS, LOS BOTEROS
Sin embargo, en temas tan sensibles la ba­lanza nunca se inclina para un solo lado. En tanto, hay un por ciento que se alegra por el respaldo del Estado al bolsillo del pueblo, tampoco faltan quienes se solidarizan con los choferes de los almendrones y consideran que antes de aplicar la medida, la administración gubernamental debería haber “soldado” los puntos sueltos y poner en práctica un andamiaje que fortaleciera el transporte pú­blico. Y por su­pues­to, los boteros, también opinan.

En el parque El Curita, en Centro Habana —pi­quera que conecta diferentes rutas, lo mis­mo para San Miguel del Padrón, La Lisa, Santiago de las Vegas, etc.— Granma conversó con el chofer Juan Carlos Veagañón.

“La ley hay que cumplirla, si tú cobraste por encima de lo establecido machacando al pueblo está bien que apliquen medidas”.

Sin embargo, expresa no estar de acuerdo con el proceder de las denuncias por llamadas telefónicas, en muchos casos anónimas. “He sabido de clientes que insisten en que le están cobrando de más cuando no es cierto. Gua­nabacoa, por ejemplo, no ha subido el precio, siempre ha sido 20. Si vas a llamar por teléfono debería de exigirse nombre y apellidos, lugar donde abordó al carro, número de carné de identidad, todos los datos posibles para que se pueda verificar lo que se está diciendo”.

Varios porteadores privados como Daniel Hernández dicen que si bien están los transportistas que se atreven a exigir un precio que no es el estipulado, hay varios que cumplen con lo establecido.

Toda esta situación ha generado mucha crítica y descontento en uno de los sectores particulares que, sin ser el medio de transporte más barato, ayuda a solventar la escasez de medios públicos para que la gente se traslade, comenta.

Al interpelarlo sobre el impacto del acuerdo del CAP, reconoce que cuando se incrementó el control del combustible en el sector estatal y la posibilidad de adquirirlo en el mercado negro disminuyeron, los boteros empezaron a subir los pa­sajes como en rutas La Ha­bana-Guanabo y La Ha­bana-Boyeros. “El precio del combustible es cierto que no ha variado en los Cupet, pero también hay que reconocer que sigue bastante caro para nosotros”.

En este sentido, Roger Moriñigo confiesa que su carro era de gasolina y que tuvo que entregar la licencia porque “no le daba la cuenta”. Relacionado con el sector, siempre ha existido un mercado ilegal y la escasez de piezas y otros recursos que se necesitan para ejercer este servicio de transportación trae como consecuencia que crezca la actividad ilícita, añade.

Esta opinión la comparte el taxista Glau­ber Pérez Tamayo. “Cuando tú tienes que com­prarle las gomas a tu carro, el aceite de Castrol que vale 10.50 CUC el litro, las piezas, las re­paraciones, y todo eso ‘por fuera’, los gastos se incrementan”.

Asimismo, según los datos ofrecidos por los choferes, el 80 y 90 % de las reparaciones que hay que hacerle a estos automóviles tienen que ser con los “particulares”, porque en los talleres estatales no se encuentran los accesorios y he­rramientas precisas. Así, por ejemplo, arreglar el sistema de frenos puede llegar a costar 30 CUC y si es la dirección hasta 50.

Si miramos la situación con ojos críticos, po­dríamos llegar a deducir que en tanto mantener un taxi conlleva ciertos gastos además del estrés de lidiar con los pasajeros, mecánicos o de los que se encargan de la chapistería y pintura del carro, se trata de un oficio rentable y con mejores remuneraciones que otras labores.

Durante el intercambio con titulares de li­cencias operativas, también conocimos que otra de sus preocupaciones comunes radica en que la ONAT reconoce explícitamente que su actividad por cuenta propia se rige según la ley de oferta y demanda, y que cuando firmaron el contrato si bien les dicen cuánto deben pagar de impuestos, no así el dinero a cobrar según los corredores. ¿Por qué ahora quieren regularnos y toparnos precios?, cuestionan.

El precio lo ponemos nosotros y la gente si tiene posibilidad lo paga, esta es una opción más, como está la guagua, el taxi rutero, el taxi estatal…, opina el conductor Daniel Hernán­dez.

Sobre esta inquietud, Raúl Carmona, vicepresidente del CAP, explica: “Aquí no se ha enfrentado la oferta y la demanda. Si en mu­tuo concilio, pasajero y chofer fijan un pre­cio de­terminado para que el carro lo recoja y lo lleve hasta la puerta de la casa, nosotros no intervenimos porque se trata de algo acordado entre las partes, el enfrentamiento lo estamos ha­ciendo por el tema de los precios que ellos mismos dijeron que cobraban hace menos de un año, y ahora no cumplen. No hemos topado precios, lo que hemos hecho ha sido impedir que los suban más”.

Hay que darle una vuelta a esta situación que se ha presentado con un trabajador por cuenta propia del que no podemos prescindir, destaca por su parte Maribel Poulot Bravo.

“No obstante, lo que no se puede olvidar es que la transportación de pasajeros es un servicio público, y los titulares de licencias tienen que cumplir los requisitos que establecemos. Puede que sea actividad privada, pero su licencia dice que ejercen un servicio público”.
 
LA OTRA PARTE…, LAS AUTORIDADES EXPLICAN
Antes de hacer efectiva la medida, lo primero que acordó la administración provincial en conjunto con las autoridades del transporte y otros órganos de control, fue notificar a los titulares de los carros que ejercían esta actividad sobre cómo íbamos a proceder, destaca José Conesa González, director general de Trans­porte en La Habana.

“La segunda acción que se estableció automáticamente fue organizar los grupos de trabajo que intervienen en la fiscalización y control de la actividad, así como las denuncias de la población a través del teléfono 18820”.

Según Poulot, durante los días 15, 16 y 17 de julio se hizo un trabajo preventivo, me­diante el cual se logró llegar al 93 % de los 4 960 titulares con licencias operativas en la capital. “El 18 en la mañana —que se puso en vigencia el acuerdo— solo quedaban 129 casos pendientes a no­tificar debido a diferentes causas, entre ellas, titulares fuera del país, o que no estaban en la provincia, y otros que no aparecían en las direcciones particulares declaradas”.

Teniendo en cuenta este primer paso y que también los medios de comunicación del país difundieron la información y las personas conocían lo que iba a pasar, se comenzaron a realizar las inspecciones en la vía. Si el transportista privado, a pesar de todas esas alertas, se arriesga a salir a la calle y viola lo dispuesto, hay que aplicarle entonces la medida más severa: cancelación definitiva de la licencia operativa, resalta.

Acerca del proceder de la Dirección de Transporte de la capital con las denuncias a través del teléfono habilitado, tema que cubre de inquietudes a los boteros, Poulot explica que el trabajo con las anónimas no es igual que con las que ofrecen todos los datos personales. Puede suceder también que esa llamada anónima esté relacionada a una de las inspecciones realizadas por la PNR, o que la misma chapa sea denunciada varias veces.

En este proceso de verificar, designamos una comisión para que realice todas las investigaciones pertinentes, como por ejemplo, vi­sitar el domicilio del posible infractor y cotejar datos para constatar si la llamada telefónica es cierta, aclara.

“Asimismo, nosotros tenemos la obligación de comunicar al dueño del carro que su licencia está en proceso de investigación”.

Por su parte, el titular tiene el derecho de hacer la reclamación si no está de acuerdo y conducirse al departamento de transporte de su municipio o a la unidad provincial de trámites del Ministerio del Transporte (Mitrans). Esta reclamación solo es válida hasta cinco días después de haber sido notificado.

Hasta la fecha, solo tres titulares han presentado reclamaciones a la Dirección de Trans­porte de La Habana, de los 36 notificados, in­dica Poulot.

“A partir de los resultados de inspección y denuncia también nos percatamos que un gran por ciento de los transportistas que ejercían la actividad lo estaban haciendo de for­ma ilegal, sin papeles”.

Es por ello que las medidas no son solo ad­ministrativas, sino también penales y pueden conducir a un proceso judicial por actividad económica ilícita.

“No se trata de eliminar el trabajo por cuen­ta propia, ni de una cruzada contra los ‘bo­teros’, simplemente se trata de que cumplan lo que está establecido, y proteger a la población”, sostiene José Conesa durante el intercambio con Granma.

Pero tampoco se trata, expresa, de quedarnos inmóviles ante las infracciones. Ahora mismo conocemos que se está dando la situación de que los transportistas no llegan hasta el final del recorrido y cobran el mismo precio, o que parten los viajes para en el camino recoger a nuevos clientes.

Esto fue, por ejemplo, lo que le sucedió a la ciudadana Ireni Abreu. “Hace unos días atrás cuando iba para mi trabajo, el carro en que me monté dijo que solo iba de La Palma hasta Lacret y Diez de Octubre y eran diez pesos, pero después siguió hasta Vía Blanca y tuve que pagar diez pesos más, y así de nuevo hasta llegar a La Habana Vieja”.

Pero también es la historia de Bárbara Díaz: “Yo que voy todos los días para el Vedado, a veces cojo una máquina hasta la Ceguera y de ahí, otra para Línea. Sin embargo, esta semana los mismos carros que hacían la ruta hasta la Ceguera ahora solo llegan hasta el Hospital Nacional, ¿cómo se explica eso?”.

Ante experiencias como las descritas, Co­nesa refiere que hay que empezar a modelar el nuevo escenario, “porque no puede ser que el viaje que antes le costaba al pueblo 20 pesos ahora se incremente a 30 porque algunos porteadores privados fraccionan el recorrido”.

En este sentido, una de las funciones que estamos realizando, agrega, es que los inspectores se suban a los carros como si fueran pasajeros, o sea, vestidos de civiles, de forma tal que podamos determinar las incidencias en primera persona. Con este enfrentamiento abierto pudimos detectar hasta ahora dos casos de boteros que estaban “picando” los tramos del viaje, los cuales están siendo procesados.

También tenemos que controlar el tema de los horarios, porque a veces vemos los choferes que están “dando rueda” desde por la mañana hasta bien entrada la noche. Sin embargo, cuando hacen la declaración jurada todos dicen que trabajan solo ocho horas, sostiene el funcionario.

Empero, con este último aspecto sucede con frecuencia que no son los titulares quienes manejan, sino los llamados ayudantes que al final del día deben entregar un determinado pago al dueño del carro, además de sacar los beneficios propios. Y como a veces no les “da la cuenta”, tienen que trabajar horas extras.
 
¿SOLUCIONES A LA VISTA?
Cuando Granma salió a la calle a entrevistar a la población, uno de los criterios comunes, y que en palabras del ciudadano Iván Constantin Marsal queda bien reflejado, fue la necesidad de controlar a los “boteros” y de ofrecer ciertas facilidades para el desempeño de su servicio. “Vamos a presionar para que cobren menos al pueblo, pero además vamos a darles bonos para que compren la gasolina en los Cupet con un beneficio en el precio. Entonces estarían obligados a bajar el pasaje”.

Y es que más allá de la medida urgente aplicada por el CAP de La Habana, estamos ne­cesitados de un reordenamiento de esta ac­tividad por cuenta propia.

Sobre este tema, el director general de Transporte en La Habana nos adelantó brevemente que una de las estrategias que evalúa el Mitrans está relacionada con la organización de las piqueras y corredores en la capital.

Las medidas que se están estudiando irán encaminadas a solucionar los problemas referidos. Así, por ejemplo, “pueden quedar taxis sin rutas predestinadas, pero también existirán transportistas privados que tengan que cumplir un corredor en específico y estos autos ligeros se considerarán como taxis ruteros”.

Dentro del análisis, que forma parte del proceso de reordenamiento del transporte público en la capital, también está considerándose el tema del combustible y su entrega a los boteros a un precio diferenciado, el pago fijo por el uso de las piqueras —y no que sea cinco pesos cada vez que el transportista pasa por ese lugar—, además de la venta de determinadas piezas y accesorios al por mayor, añade.

“Por supuesto, esto también incluiría una modificación del aporte que los porteadores privados hacen al presupuesto, y por ende, de los mecanismos por los cuales se determinan los impuestos en la ONAT”.

No obstante, aclara, se trata de un proceso que debe tener un mayor impacto y que está sujeto a otras normativas que todavía se es­tán analizando.
El sentido final es que todos salgamos beneficiados, tanto la población, el botero y por supuesto, el Estado por la parte de regulación y control.

Al calificar el impacto del acuerdo del CAP de La Habana, Conesa comenta que desde el punto de vista del enfrentamiento, los resultados han sido positivos. Aunque hay criterios que señalan que la medida empeoró las cosas porque ahora no hay carros, un gran por ciento nos apoya y está de acuerdo con lo determinado.

Además, estamos seguros de que una vez los titulares puedan constatar que las acciones de control se mantienen y no hemos bajado la guardia, se irán incorporando a la vía.

A esta opinión se suma la de Raúl Car­mona. “No podemos estar ajenos a que ha existido una reacción por parte de los transportistas. A partir de que hemos incrementado el control y aplicado medidas severas, que son las que corresponden, es cierto que algunos choferes han tenido como respuesta no salir a dar el servicio, pero en la última semana ya hemos visto que han comenzado a aparecer y con la debida legalidad”.

Ante tales balances y pronósticos, esperemos que las futuras medidas que hoy se estudian se lleven a la práctica lo más ágilmente posible y miren con especial cuidado la creación de una plaza mayorista que provea, en oferta y precios módicos, esos equipos que tanto le urge a quien va detrás del volante. En tanto, sus alcances no se limiten a un solo territorio, pues la situación del transporte público afecta a todo el país.

Se trata de una historia de amor complicada: sin ellos (los almendrones, taxis privados y boteros) sería muy difícil moverse de forma rápida por la ciudad, pero a su vez, el servicio que prestan atenta mu­chas veces contra el salario del trabajador cubano.

La solución definitiva todavía está por escribirse, pero al menos ya se vislumbran algunos trazos de lo que podría ser y hasta dónde nos beneficiaría.