Sobregiros de impunidad

Pudo tratarse de un delito milimétricamente urdido. De esos que retan a los investigadores. Los ocupan y preocupan. Pero ni siquiera en ese caso habría sido posible su consecución, si las contrapartidas y los sistemas de control interno hubiesen funcionado, si el peso de los valores éticos y morales hubiese in­clinado la balanza a favor del bien, confluencia de factores que habría asestado un mazazo a la corrupción.

Sin embargo, en la Unidad Presupuestada de Servicios Co­munales (UPSC) de Boyeros, así como en la Dirección Mu­ni­cipal de Finanzas y Precios (DMFP) y en el Centro de Gestión Con­ta­ble del mismo territorio jamás existió esa complementación im­prescindible para detectar y poner coto a las ilegalidades. Al me­nos no la hubo entre enero del 2012 y principios del 2014, periodo en el cual fueron investigadas actividades fraudulentas que involucraron a los principales directivos de dichas entidades.

La Auditoría Especial, llevada a cabo por la Unidad Central de Auditoría del Consejo de la Administración Provincial (CAP) de La Habana y supervisada por la Contraloría General de la Re­pú­blica (CGR), analizó las extracciones de efectivo para los pagos de salario, vacaciones y subsidios, unido a los cheques que res­pal­daban esas operaciones en la etapa señalada.

Verificó además los estados de cuenta bancarios, las nóminas emitidas por Comunales, los balances financieros de la DMFP, así como las conciliaciones entre entidades y las asignaciones de efectivo.

Esa revisión exhaustiva arrojó que los cheques emitidos por Comunales incrementaban los montos a extraer en relación con el total cuantificado en las nóminas, e incluso aparecían extracciones de efectivo sin respaldo documental, operaciones que provocaron una afectación al Presupuesto local ascendente a nueve millones 408 263 pesos en CUP.

A ello se unieron los perjuicios provocados a los trabajadores de Comunales, quienes en la etapa mencionada no recibieron utensilios demandados por su labor, pues los recursos concebidos para eso nunca llegaron a su destino.

Resultó dañada, además, la población del territorio que de­bió sufrir el deterioro de los servicios referidos a la recogida de basura y otras acciones de higienización. Baste decir que de la inejecución de determinadas actividades también se desviaron sumas considerables.

Acusados por los delitos de Malversación, Falsificación de Documentos Bancarios y de Comercio e Incumplimiento del De­ber de Preservar los Bienes de Entidades Económicas, a los seis in­volucrados les fueron impuestas sanciones  de entre uno y diez años de privación de libertad, además de la responsabilidad civil.

LA PODREDUMBRE EN CASA
Debieron creerse por encima del bien y del mal. Debieron sentirse totalmente impunes. Solo ello explicaría la desfachatez mostrada por los involucrados durante la comisión de los de­litos.

Hubo varios modos de operar. La porción más jugosa, quizá, se cocinó en la propia Unidad de Comunales. Allí la subdirectora económica, Alina Torrecilla Ferrer (acusada en au­sen­cia pues salió del país antes de concretarse las acciones operativas) “llevaba las riendas de los manejos turbios”.

De conjunto con el director de la UPSC, Alejandro Be­renguer Hernández, falsearon las cifras referidas al número de trabajadores, así como el monto a extraer para el pago al personal, el cual se consigna en el modelo Conozca a su Cliente.

En ese documento se declara al Banco la cantidad de dinero a sacar en el año por concepto de salario, según explicaron los instructores penales del caso, capitán Jorge Luis Vasco y teniente Salvador Santana, pertenecientes al Departamento Eco­nómico de la División de Investigación Criminal y Ope­ra­ciones.

“En el caso de Comunales, por ejemplo, el importe real por nómina fluctuaba entre 400 000 y 500 000 pesos en CUP mensualmente. Sin embargo, la cifra mensual adulterada ascendía a un millón 140 800 pesos. Y jamás fue verificada”, acotaron. Vale aclarar que las extracciones de efectivo eran efectuadas por Torrecilla Ferrer en compañía de Mercedes Machado Lu­ján, técnica en gestión económica de la referida entidad.

Resulta entonces preocupante que ni siquiera llamara la aten­ción de la sucursal bancaria el aumento drástico del monto, considerando que se trataba de la misma unidad, con los mismos niveles de gestión.

Ciertamente, las instancias de Comunales pueden contratar tantas personas como sean necesarias para garantizar la higiene ante desastres naturales, situaciones epidemiológicas y otras contingencias, lo cual puede provocar modificaciones en la cantidad de trabajadores y en los salarios. No obstante, ¿qué acción de saneamiento pudo justificar la escandalosa adulteración de los importes?

Y para mayor asombro, hubo oportunidades en las que se hicieron extracciones por encima incluso del número falso, las cuales fueron “justificadas” por cartas.

“La extracción de cantidades superiores a las aprobadas en el modelo Conozca a su Cliente puede ocurrir de manera excepcional ante la salida masiva de trabajadores de vacaciones, por ejemplo”, apuntó René Rosell Torres, vicecontralor jefe provincial de La Habana, quien participó en la auditoría.

Pero, ¿acaso resulta posible la ocurrencia de siete excepciones en un año? Lamentablemente la excepción terminó convertida en “regla” ante la vista de todos, incluso de aquellos obli­gados a ver.

Tal es el caso de Alejandro Berenguer, al frente de Co­mu­nales Boyeros desde enero del 2013 hasta el momento de la auditoría, quien declaró haber firmado cheques y cartas de ma­nera “mecánica” pues confiaba plenamente en la económica Torrecilla Ferrer. “Ella se ocupaba de toda la actividad contable y financiera, incluyendo la confección del balance financiero mensual, su discusión en la DMFP, y la elaboración del modelo Conozca a su Cliente”.

Entonces valdría reflexionar sobre la actitud de esos directivos que dejan en manos de otros sus responsabilidades, ya sea por ingenuidad, por desconocimiento o para evadir culpas. Culpas que a fin de cuentas siempre tienen dueño.

CONTABILIDAD COSMÉTICA
A estas alturas de los acontecimientos probablemente usted se pregunte: ¿Cómo fue posible tanta impunidad? ¿De qué forma podía la económica maniobrar con el presupuesto asignado sin levantar sospechas? ¿Cómo logró manipular los estados financieros y ocultar el desfalco?

Evidentemente, la participación de Yeney Molina Martínez, directora municipal de Finanzas y Precios, de Felicia Bonne Vi­cet, a cargo del Centro de Gestión Contable y de Miriam Ri­vero Corona, técnica en gestión económica, resultó determinante en la consecución de cada estratagema.

En pose de rectora de la actividad de Finanzas en el territorio, Molina Martínez transfirió indebidamente a la Unidad de Comunales poco más de cuatro millones de pesos en CUP por encima del presupuesto aprobado, operación cuya veracidad no fue comprobada por Tatiana Marrero, vicedirectora de Presupuesto de la DMFP.

Tales sumas salieron desde la cuenta distribuidora municipal sin poseer documentos oficiales que acreditaran modificaciones presupuestarias.

¿Y de dónde provenían estos recursos? De acuerdo con Re­né Rosell, la directora de Finanzas, quien también fungía como Tesorera, “obtenía el dinero al no aportarle a la provincia el su­pe­rávit del municipio”.

Entonces inquieta saber que por casi dos años ocurrieron violaciones de esta índole sin que ninguna instancia superior se hubiese percatado. “Fue muy ineficiente la supervisión de las contrapartidas provinciales, y tampoco el Gobierno municipal, al cual se subordinan dichas estructuras en los territorios, ejerció su función”, remarcó.

Mientras, en su propia declaración, Felicia Bonne reconoció que desde el Centro, encargado de confeccionar todos los do­cumentos contables del municipio, enmascaró las operaciones de extracción y pago de efectivo de Comunales.

Interesada en hacer “cuadrar” los números, cargó a otras cuentas (envases y embalajes, combustible, otros gastos) la di­ferencia entre el monto del cheque extraído y lo acuñado en las nóminas. Dijo, además, que “toda la información contable que empleaba en sus balances financieros se correspondía con los datos suministrados por Alina Torrecilla, los cuales nunca verificó y que obtenía mediante vía telefónica o a través de recortes de papel manuscritos”.

En palabras de Miriam Marbán González, contralora jefa provincial de La Habana, sobre Comunales de Boyeros obraron 16 acciones de control, llevadas a cabo por el sistema del CAP de La Habana durante la etapa investigada. Y si bien ninguna detectó los desvíos de recursos por concepto de pagos al personal, al menos cinco tenían como objetivo el análisis del control interno referido, entre otros aspectos, al salario. De­ma­siada superficialidad para hacer frente a las ilegalidades.

CAUSAS RECURRENTES
La ocurrencia de este hecho no puede analizarse de modo aislado, sin tener en cuenta sus semejanzas con otro suceso acontecido en el municipio de La Habana Vieja y que, según las pesquisas, pudieron coincidir en el tiempo y haber iniciado incluso antes del 2012.

Al conocerse sobre las ilegalidades cometidas por los directivos de Finanzas y Comunales de La Habana Vieja, el Consejo de la Administración Provincial de la capital y la CGR dictaron un plan de medidas para evitar hechos similares, el cual fue in­cumplido en todas las instancias. El descubrimiento casi fortuito del suceso de Boyeros así lo confirmó.

Entre las causas, quizá repetidas, que propiciaron la ocurrencia de esos delitos, Miriam Marbán destacó las fiscalizaciones ineficientes, la ausencia de contrapartidas, así como la se­lección inadecuada y no cobertura de los principales cuadros en las entidades involucradas y en el Consejo de la Ad­mi­nis­tra­ción Municipal (CAM).

En este último, por ejemplo, no hubo durante el periodo analizado vicepresidente económico, e incluso la directora de Fi­nanzas estuvo en funciones.

También en el Centro de Ges­tión Contable la máxima directiva centralizaba todas las responsabilidades.

¡Vergonzoso! Esa fue la frase empleada por la contralora jefa provincial, en un intento por resumir el descontrol reinante, la inobservancia de todos los procedimientos establecidos y so­bre todo, la degradación de aquellos capaces de lucrar con los recursos presupuestarios.

Sentencias
Luego de celebrarse la vista del juicio oral, el 26 de enero del 2015 en la Sala Segunda de lo Penal, el Tribunal Pro­vincial Popular de La Ha­bana sentenció a los involucrados:

ALEJANDRO BERENGUER HERNÁNDEZ, FELICIA BONNE VICET y YENEY MOLINA MARTÍNEZ a diez años de privación de libertad por ser autores del delito de Fal­sificación de Documentos Bancarios y de Comercio de carácter continuado como medio para cometer el delito de Mal­versación.

MIRIAM RIVERO CORONA a cinco años de privación de libertad, subsidiada por igual periodo de limitación de libertad, por ser autora del delito de Falsificación de Do­cumentos Bancarios y de Comercio de carácter continuado como medio para cometer el delito de Mal­ver­sación.

TATIANA MARRERO GUERRA y MERCEDES MA­CHADO LUJÁN a un año de privación de libertad, subsidiada por igual periodo de trabajo correccional sin internamiento, por ser autoras del delito de Incumplimiento del Deber de Preservar los Bienes de Entidades Económicas.