El Gobierno de facto en Bolivia mantiene su campaña de criminalización contra dirigentes políticos y simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) quienes denuncian el golpe de Estado y expresan su respaldo al presidente Evo Morales, informó Telesur.
En este sentido el ministro de facto de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, anunció la creación de un «aparato especial de la Fiscalía» para apresar a senadores del MAS por promover supuestamente la «subversión y sedición».
Al conocer el anunció de Murillo, Evo Morales denunció que la medida aumentaría el grado de persecución política del golpismo alrededor de Áñez contra los seguidores del MAS.
En lugar de pacificación, ordenan difamación y represión contra hermanos del campo que denuncian el golpe de Estado. Después masacrar a 24 indígenas, ahora preparan un Estado de Sitio. Sería la confirmación de que pidiendo democracia instalaron una dictadura.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 18 de noviembre de 2019
La semana pasada Murillo había comunicado la intención del Gobierno de facto de perseguir y cazar a exfuncionarios y legisladores del MAS como medida para instaurar el miedo y temor en la mayoría de los bolivianos que se mantienen en las calles rechazando el golpe de Estado.
«Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país», aseveró Arturo Murillo al asumir el cargo.
De acuerdo a Bruno Sgarzini del portal Misión Verdad las acciones adelantadas en Bolivia contra el MAS cumple el mismo formato de criminalización de los partidos progresistas de América Latina.
Según Claudio Fabian Guevara en el artículo «Cinco estrategias de la guerra híbrida en Bolivia» desde el inicio del plan desestabilizador que desembocó en el golpe de Estado en Bolivia, grupos opositores a Morales utilizaron bazucas y agua con químicos para atacar a militantes del MAS que intentaban y restituir la paz en el territorio boliviano.
De acuerdo a Guevara los grupos opositores focalizaron su operación en instituciones del Estado boliviano, persiguieron funcionarios y atemorizaron a la base social de apoyo al gobierno de Evo Morales como parte de la campaña de criminalización de las protestas y hacia el partido MAS.
Tras la consumación del Golpe de estado el 10 de noviembre la agresión y extorsión simultánea de ministros, parlamentarios y autoridades comunales y simpatizantes del MAS se recrudeció.
Más allá de la persecución a legisladores y políticos del MAS anunciada por el gobierno de facto, la represión a las manifestaciones pacíficas en respaldo a Evo Morales también forma parte de la campaña de criminalización.
Detrás de la criminalización del MAS se esconde la intención del Gobierno de facto de restar el poder político al partido que mantiene el control parlamentario y evitar la aprobación de leyes que condenen el Golpe y llevan a la restauración de la paz y tranquilidad del país.
Esta campaña busca controlar el apoyo político y popular a Evo Morales para evitar su retorno al país para impulsar el proceso de paz y diálogo en el Estado plurinacional.
(Con información de Telesur)
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