MADRID, 9 agosto.— En la Sociedad Española de Médicos de Familia seguiremos prestando asistencia gratuita a los inmigrantes, aseguró este jueves Salvador Tranche al criticar la nueva ley que prohíbe esa atención a los indocumentados.

La normativa neoliberal entrará en vigor el 1 de septiembre como parte de un paquete de recortes del gobierno de Mariano Rajoy para reducir el gasto público desde un 8,9 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2011 a un tres por ciento en 2014.

Tranche es uno de los cerca de 900 facultativos que rubricaron un manifiesto en que se comprometen a seguir atendiendo a los pacientes en situación irregular en el servicio público de sanidad.

Los firmantes se unieron de esa forma a la red de objetores de conciencia creada recientemente por la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria (semFYC), que ya cuenta con el respaldo de 19 mil 500 profesionales, según las firmas incorporadas.

Mi lealtad hacia los pacientes no me permite faltar a mi deber ético y profesional y cometer un abandono, sostiene el texto en Internet.

La onda expansiva del documento ya es visible en las autonomías de Cataluña, Asturias, Andalucía y el País Vasco, regiones que no acatan la decisión del Ejecutivo y mantendrán la atención sin previo pago.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, consideró la nueva ley como un sin sentido y una insolidaridad.

Cualquier pensamiento, cualquier reflexión de lógica, de sentido común, de persona que mire lo humano por encima de lo contable, no puede entenderlo, añadió Valderas en relación con la normativa.

Según esa ley, los extranjeros que no paguen seguridad social deberán abonar 710 euros al año a cambio de asistencia médica, mientras aquellos mayores de 65 años desembolsarán mil 864 euros.

Por ese concepto los inmigrantes indocumentados estarán obligados a abonar una cuota mensual de 59,20 euros para recibir una cobertura completa en el Sistema Nacional de Salud, cifra que asciende a 155,40 euros al mes para los mayores de 65 años.