La Enmienda Platt, apéndice incorporado en 1902 a la primera Constitución cubana como condición impuesta por Estados Unidos para reconocer su independencia, fue «abolida» el 29 de mayo de 1934, aunque realmente solo cambiaron de correa para mantener la dependencia de la Isla.
La enmienda, propuesta por el senador republicano Oliver Platt, fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 2 de marzo de 1902 y sancionada como ley al día siguiente por el Presidente William McKinley, como un sustituto en la práctica a los fracasados intentos de anexar la Isla al naciente imperio.
Dicha enmienda atenazaba por el cuello la soberanía de la Isla, lo cual fue reconocido por el interventor estadounidense, General Leonardo Wood, quien señaló entonces que: «A Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia (…) y lo único indicado ahora es la anexión», el gran sueño de Estados Unidos.
Ese engendro jurídico fue insertado como una enmienda a la Ley de Gastos del Ejército de Estados Unidos, con la instrucción de que fuera anexada como un apéndice a la Constitución de la futura República cubana. En ese anexo, Washington se abrogaba el derecho de intervenir en la Isla cuando lo estimara oportuno, controlar su comercio, las relaciones exteriores, y establecer bases carboneras en territorio cubano, como la de Guantánamo, devenida, posteriormente, en base militar para el control hegemónico del mar Caribe.
Ninguno de estos puntos contenidos en la Enmienda Platt se abolió el 29 de mayo de 1934 con la firma del Tratado Permanente de Relaciones Recíprocas entre Estados Unidos y Cuba, pues esas humillantes condiciones se mantuvieron vigentes en el nuevo documento, solo que elaboradas un poco más sutilmente.
La Enmienda y el Tratado eran el mismo perro con diferente collar, basados en la llamada «política del buen vecino» y para intentar apaciguar el auge revolucionario y antimperialista de la Revolución del 33 en la Mayor de las Antillas, que derrocó a la sangrienta dictadura de Gerardo Machado.
En los años sucesivos, los gobiernos de Washington contarían, en la política cubana, con su representante más fiel, el general Fulgencio Batista, personaje clave en la frustración del proceso popular de los años 30, en socavar la llamada Revolución del 33, y regir los destinos del país con su demagogia y ascendencia en las fuerzas armadas que lo llevaron al poder nuevamente con el golpe de Estado militar del 10 de marzo de 1952.
Tendrían que transcurrir 25 años después del Tratado, hasta enero de 1959, para que, definitivamente, Cuba aboliera todos los acuerdos existentes con el Gobierno de Estados Unidos, declarándose un país verdaderamente independiente para labrar su propio destino y establecer el camino de justicia social emprendido por la Revolución Cubana.
Pero, los propósitos del imperialismo yanqui de imponer su voluntad sobre Cuba se mantuvieron presentes después del triunfo revolucionario de 1959, con su invasión mercenaria por Playa Girón, en abril de 1961; la Crisis de Octubre, y la imposición, en 1962, del extraterritorial y genocida bloqueo económico, comercial financiero y diplomático contra la Isla que, en casi seis décadas, ha evidenciado su fracaso ante la firme resistencia del pueblo cubano.
A ello se suman las permanentes agresiones de la CIA, sabotajes, las unilaterales leyes Torricelli y Helms Burton, de 1992 y 1996, respectivamente, planes subversivos de financiamiento de grupúsculos mercenarios internos, y las 243 medidas impuestas por el Gobierno de Donald Trump para recrudecer la guerra económica contra la Isla, a niveles sin precedentes, en medio de la pandemia por la COVID-19, pese a la condena, casi unánime, de la comunidad internacional en 28 votaciones consecutivas en Naciones Unidas desde 1992.
Todo lo anterior reitera la recurrencia, más de un siglo después, del intento infructuoso de Estados Unidos de usar sus propias legislaciones para pretender imponer sus intereses a la nación cubana y el fracaso rotundo de las medidas anexionistas y neocoloniales herederas de la oprobiosa Enmienda Platt.
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