Entran en vigor normas jurídicas para cooperativas no agropecuarias

A partir de ayer entraron en vigor nuevas normas jurídicas relacionadas con el desempeño de las Cooperativas No Agropecuarias (CNA), cuyo propósito es actualizar la legislación hasta ahora vigente, sobre la base de la experiencia de seis años de introducción de esa modalidad de actividad productiva y de servicios en la vida económica del país.

Las principales definiciones y cambios introducidos aparecen publicados en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 63 del 30 de agosto de 2019, que contiene el Decreto-Ley No. 366 «De las cooperativas no agropecuarias», el Decreto No. 356 «Reglamento de las cooperativas no agropecuarias» y las resoluciones No. 361 y no. 362, de la Ministra de Finanzas y Precios.

Según se deriva del contenido de los documentos mencionados, se trata de consolidar los elementos positivos hasta ahora logrados, corregir errores, indisciplinas y desviaciones, tanto en el funcionamiento interno de ese tipo de cooperativas como en sus relaciones con los demás actores de la economía, y avanzar de manera escalonada y coherente hacia su generalización.

Una vez más se ratifica que el objetivo general de las cooperativas constituidas en los sectores no agropecuarios es la producción de bienes y la prestación de servicios, mediante la gestión colectiva, para la satisfacción del interés social y el de los socios, en tanto constituye, además, una alternativa para relevar al Estado de tareas menos complejas y no estratégicas.

Las resoluciones No. 361 y No. 362 de la Ministra de Finanzas y Precios establecen, por su parte, el tratamiento de precios, tributario, financiero y contable de las cooperativas no agropecuarias, y precisan aspectos relacionados con el pago del impuesto sobre los ingresos personales de los trabajadores contratados.

El año 2013 marcó el inicio del proceso experimental de creación de este tipo de cooperativas con el surgimiento de las primeras 126 hasta llegar hoy a la cifra de 398, las cuales agrupan a cerca de 18 000 asociados, y cuya gestión productiva y de servicios registró ingresos, al cierre del pasado calendario, superiores a 6 000 millones de pesos.