¿Subir los precios o abusar del bolsillo del pueblo?

En la tarde de ayer martes 30 de julio circulaba en las redes sociales una denuncia enviada al sitio web del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP): «En la barbería de Calzada, entre Paseo y 2, en el Vedado capitalino, hay un cartel que dice: “A partir del 1ro. de agosto el pelado cuesta $ 50.00”. En ese lugar el pelado costaba y aún cuesta $ 25.00».

Dos cosas llaman la atención en este caso:

- Que tratándose de un servicio al que no se le han elevado los impuestos, ni el costo de los insumos, o la electricidad o el agua, se incremente de forma drástica el precio.

- Que a pesar de que la fecha de la denuncia en el sitio del mfp data del 22 de julio, una semana después aún permanezca dicho anuncio en la puerta de la barbería en desafío a los llamamientos emitidos por las más altas instancias del país, sin que medie actuación alguna de las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento, más cuando dicho establecimiento ocupa un local arrendado por el Estado y se supone es objeto de supervisión.

Este lunes fueron publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria No.16 tres nuevas Resoluciones emitidas por el MFP, las cuales se relacionan con el proceso de incremento salarial y de pensiones, referidas a la Contribución Especial a la Seguridad Social y el Impuesto sobre los Ingresos Personales, así como a la aprobación de Precios y Tarifas.

En específico la Resolución 302/2019 establece las regulaciones para los precios de venta de los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias, de créditos y servicios, unidades básicas de producción cooperativas, y otras formas de gestión no estatal.

La norma establece que dichos actores no pueden incrementar los actuales precios y tarifas de sus productos y servicios, con destino a las entidades estatales y a la población.

El documento ratifica la facultad de los presidentes de los Consejos de la Administración provinciales del Poder Popular y del municipio especial Isla de la Juventud, así como de los jefes de las administraciones locales de Artemisa y Mayabeque, para establecer los precios y tarifas máximos a aplicar por todas estas figuras mencionadas anteriormente en sus respectivos territorios. A la vez, son responsables de crear los mecanismos de control pertinentes.

Además de convocar nuevamente a la sensibilidad de todos aquellos que brindan un servicio, si el pueblo está confiando en sus instituciones y respondiendo al llamado que se le ha realizado para entre todos velar por la protección de sus derechos, es necesario evitar la impunidad.

(Redacción Nacional)