ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
Más de 7 700 nuevas ilegalidades fueron detectadas de enero a mayo de 2019. Foto: Archivo de Granma

Uno de los temas más reiterados en la agenda de trabajo de los diputados cubanos ha sido el enfrentamiento a las ilegalidades que atentan contra el diseño económico de la nación. Como seguimiento de esta línea temática, la comisión de Industria, Construcción y Energía fue escenario del debate sobre los delitos relativos al ordenamiento territorial y urbanístico del país, presentados por el Instituto de Planificación Física (IPF) al Parlamento.

En ese sentido rindieron cuenta también los ministerios de la Construcción (Micons), Industrias (Mindus) y Energía y Minas (Minem), así como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), todos centrados en los avances y reservas de sus respectivos ramos con relación a la comisión de los delitos.

Según el informe del ipf, el año 2019 inició con un inventario de 110 200 ilegalidades de las acumuladas de años anteriores. De ellas 20 188 fueron cometidas por personas jurídicas y 90 012 por personas naturales. Además, 1 146 nuevas ilegalidades detectadas en 2018 no fueron erradicadas y pasaron al plan de 2019.

Además, se conoció que las provincias más afectadas del país por este problema son La Habana, Granma, Matanzas y Santiago de Cuba, al tiempo que Holguín y la capital se reconocen como los territorios con mayor cantidad de nuevas ilegalidades. Dentro de la lista de acciones punibles en las que se incurre con mayor regularidad se encuentran, por ese orden:

Violaciones de regulaciones urbanísticas y de proyectos.

Incumplimientos de las regulaciones de hacer (demoliciones).

Construcciones, ampliaciones y reposiciones de viviendas sin la documentación establecida.

Cambios estructurales de locales y construcciones de inmuebles sin la documentación establecida.

Construcciones de obras para otros usos con autorizos expedidos para vivienda (trabajo por cuenta propia).

Ocupaciones ilegales de suelos.

Como parte de las acciones contra estas indisciplinas ciudadanas, la máxima dirección del país y el ipf dictaminaron medidas integrales que persiguen fortalecer el control y potenciar la prevención de delitos. Entre ellas destacan:

Aprobar la norma jurídica para ordenar y legalizar viviendas, locales y habitaciones que cumplan con las disposiciones urbanísticas. Según diagnóstico, existen más de 230 000 viviendas que requieren ser ordenadas.

Establecer como prioridad en las visitas gubernamentales el análisis del enfrentamiento a las construcciones ilegales.

Los Gobiernos provinciales rendirán cuenta mediante videoconferencia al cierre de cada semestre sobre los resultados del enfrentamiento a las ilegalidades. Los organismos lo harán con frecuencia mensual.

Incorporar a la estrategia de comunicación institucional acciones que permitan ampliar el dominio de los procedimientos y regulaciones urbanísticas por las personas naturales y jurídicas.

Diseñar un plan de preparación integral en el sistema de la planificación física dirigido a cuadros y técnicos sobre aspectos concernientes al ordenamiento territorial y el urbanismo.

Cumplir con el principio de erradicar de inmediato el 100 % de las nuevas ilegalidades detectadas y crear las condiciones para identificarlas desde el inicio.

Cumplir con el catastro, promover y perfeccionar el uso del certificado catastral en las zonas ya certificadas para contribuir al perfeccionamiento de los trámites.

Diseñar acciones para el control, supervisión, organización e informatización del proceso de trámites que realiza la población con el objetivo de agilizar y simplificarlo.

Rendirán cuenta los gobiernos municipales y las entidades estatales a los respectivos cap sobre el resultado de su gestión en el enfrentamiento a las ilegalidades.

PEDIR LA PALABRA Y LLAMAR A LA CONCIENCIA

Las experiencias puntuales de cada territorio y las demandas del sector poblacional al que representan fueron presentadas en el debate por los diputados de la comisión. Así, se focalizaron situaciones tanto particulares como generalizadas, en su mayoría referentes a la lentitud de procesos burocratizados en la base y la falta de inmediatez a la hora de combatir los delitos relativos al tema en cuestión.

Inés María Chapman Waugh, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, explicó la importancia que cobra el reordenamiento urbanístico en nuestro país, y alegó que Cuba, desde su condición de «isla estrecha y alargada», precisa un correcto aprovechamiento del suelo y del agua para garantizar un desarrollo sustentable.

Chapman Waugh explicó también cómo las acciones de la Tarea Vida, las consecuencias de eventos climatológicos que azotan a nuestro país y la producción de alimentos, son aspectos relacionados directamente con la ocupación ilegal de suelos no urbanizables, por lo que hizo un llamado al orden y a la conciencia con respecto a estos temas.

La Vicepresidenta destacó también que, aunque muchas de las ilegalidades responden a las necesidades domiciliarias de la población, es necesario paliar esta situación usando las vías correctas, de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna cubana en su artículo 71 y depositando confianza en la voluntad política del Estado de garantizar a cada cubano el derecho a una vivienda digna.

María Patterson, diputada de Holguín, sacó a relucir el problema del alcantarillado en varias zonas de la provincia, y se refirió a la gravedad de la situación existente con el tema de las instalaciones clandestinas; de ahí que instara a la acción ante esta y otras violaciones que tienen lugar en nuestras comunidades y que atentan, en primer orden, contra la salud humana.

Por su parte, Francisca Saenz, en representación de Camagüey, dedicó su intervención a la ocupación ilícita de propiedades y a cómo actuar ante este tipo de situaciones. La diputada hizo referencia a la inmediatez con que se debe responder ante estos casos, y que, en ocasiones, los delegados no tenían un respaldo del Gobierno municipal para el reordenamiento de las personas implicadas.

Sobre ese mismo tema versó la intervención de Miguel García, también diputado de Camagüey, quien se refirió a la morosidad con que las instancias municipales asumen, por ejemplo, el Decreto Ley número 322, que plantea, entre otras cuestiones, la posibilidad de «adquirir un solar yermo directamente de su propietario o la cesión de uso de una azotea, siempre que no existan restricciones técnicas, regulaciones urbanas y territoriales para la construcción de vivienda».

El diputado Luis Sisto Mora, en representación de Vertientes, Camagüey, se refirió por su parte a la necesidad de un cambio de estrategia para lidiar con estas ilegalidades. «Concentrémonos en las causas y no esperemos a solucionar las consecuencias», sentenció.

Foto: Granma
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olegario dijo:

11

11 de julio de 2019

11:10:28


Es penoso y denigrante la foto que se presenta en el artículo, eso no es una violación urbanistica, ni una ilegalidad; es una aberración que lo unico que merece es la sustitción inmediata de todos los funcionarios del IPF en ese municipio y los que están vinculados al tema en el gobierno local,desde el delegado, presidente de consejo y vicepresidente de las construcciones. Lo demás sería seguir bla,bla,bla.

Armando dijo:

12

11 de julio de 2019

11:54:39


Como cubano lo que más duele es que toquen el bolsillo, a todos los infractores una advertencia por ser primera ves y el deber de restituir a su estado original lo modificado. 2 da ves multas buenas multas reflexivas. Ah y un trabajo sistemático por parte de las autoridades.

Roberto dijo:

13

11 de julio de 2019

12:20:41


Para todo hay una noma, evaluación e historias de efectos,( textos e enciclopedias y discursos) hay esto hay aquello, vamos a "tomar" medicas, tenemos un plan, los factores( aunque no se sepa cuales, se dice mecánicamente los factores) acordaron tomar de nuevo medidas y tao tao....Eso es lo que he vivido en 50 años y mas, al final estamos enfrentando problemas que se arrastran de años y no hay solución...Porque porque la CAUSAS no la abordamos, pero no en esto es en todo lo que se publica y se dice del funcionamiento institucional..

RAFAEL dijo:

14

11 de julio de 2019

12:47:12


LAS ILEGALIDADES SON UN MAL DE FONDO Y LO SEGUIRÁN SIENDO, MIENTRAS NO SE CREEN LOS MECANISMOS PARA SU PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA. POR LO GENERAL TDO EL QUE REALIZA UN ACTO ILEGAL, SABE QUE ESTÁ VIOLANDO LO ESTABLECIDO, NO OBSTANTE PRUEBAN FUERZA PARA VER COMO LE SALE. PUEDE QUE UNO U OTRO CASO SEA POR DESCONOCIENTO, AUNQUE ESTO NO LOS EXIMA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O LEGAL, PERO SE REQUIERE MANO FIRME Y ALERTA TEMPRANA CON LOS INCUMPLIDORES. UNA SOCIEDAD COMO LA NUESTRA SE FUNDAMENTA EN LA LEGALIDAD Y MIENTRAS SE DAÑE ESTE PRINCIPIO, SE CORRE EL RIESGO DE QUE SUCEDAN COSAS CADA VEZ PEORES EN EL ORDEN Y COMPORTAMIENTO SOCIALES.

ariel dijo:

15

11 de julio de 2019

13:12:12


En la foto que acompaña esta ilegalidad se ve claramente la misma, han construido una terraza con techo de placa en la parte trasera de un edif multifamiliar que además colinda con el frente de una calle y para mas los vecinos de la 2da planta aprovechando la placa construyeron arriba, no es así?, sin embargo mi ilegalidad que ya fue destruida fue parecida, imagínense una terraza donde el techo es una enredadera el piso unas losas de pre fabricado una al lado de la otra para evitar el fango cuando llueve y no exponerse al sol, y que colinda con la parte trasera de otro edif y con una tendederas de ropas que es de uso colectivo o sea para muchos vecinos, no le molesta a nadie, al contrario le servia a muchos, no es visible y ademas está rodeada de garajes y otras ilegalidades pero al parecer la cogieron conmigo no se si es porque se enteraron que yo no soy una persona agresiva, soy disciplinado, militante del PCC y otras cosas mas que no es necesario mencionar, escribí a Planificación Fisica a un sitio web nacional y me contestaron que hiciera la queja a vivienda en mi prov, Las Tunas Edif 38 Apto. D1 Ave. 1ro de Enero Rpto. Buena Vista (esta es mi dirección)