Ilegalidades urbanísticas: atacar las causas más que las consecuencias

Uno de los temas más reiterados en la agenda de trabajo de los diputados cubanos ha sido el enfrentamiento a las ilegalidades que atentan contra el diseño económico de la nación. Como seguimiento de esta línea temática, la comisión de Industria, Construcción y Energía fue escenario del debate sobre los delitos relativos al ordenamiento territorial y urbanístico del país, presentados por el Instituto de Planificación Física (IPF) al Parlamento.

En ese sentido rindieron cuenta también los ministerios de la Construcción (Micons), Industrias (Mindus) y Energía y Minas (Minem), así como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), todos centrados en los avances y reservas de sus respectivos ramos con relación a la comisión de los delitos.

Según el informe del ipf, el año 2019 inició con un inventario de 110 200 ilegalidades de las acumuladas de años anteriores. De ellas 20 188 fueron cometidas por personas jurídicas y 90 012 por personas naturales. Además, 1 146 nuevas ilegalidades detectadas en 2018 no fueron erradicadas y pasaron al plan de 2019.

Además, se conoció que las provincias más afectadas del país por este problema son La Habana, Granma, Matanzas y Santiago de Cuba, al tiempo que Holguín y la capital se reconocen como los territorios con mayor cantidad de nuevas ilegalidades. Dentro de la lista de acciones punibles en las que se incurre con mayor regularidad se encuentran, por ese orden:

Violaciones de regulaciones urbanísticas y de proyectos.

Incumplimientos de las regulaciones de hacer (demoliciones).

Construcciones, ampliaciones y reposiciones de viviendas sin la documentación establecida.

Cambios estructurales de locales y construcciones de inmuebles sin la documentación establecida.

Construcciones de obras para otros usos con autorizos expedidos para vivienda (trabajo por cuenta propia).

Ocupaciones ilegales de suelos.

Como parte de las acciones contra estas indisciplinas ciudadanas, la máxima dirección del país y el ipf dictaminaron medidas integrales que persiguen fortalecer el control y potenciar la prevención de delitos. Entre ellas destacan:

Aprobar la norma jurídica para ordenar y legalizar viviendas, locales y habitaciones que cumplan con las disposiciones urbanísticas. Según diagnóstico, existen más de 230 000 viviendas que requieren ser ordenadas.

Establecer como prioridad en las visitas gubernamentales el análisis del enfrentamiento a las construcciones ilegales.

Los Gobiernos provinciales rendirán cuenta mediante videoconferencia al cierre de cada semestre sobre los resultados del enfrentamiento a las ilegalidades. Los organismos lo harán con frecuencia mensual.

Incorporar a la estrategia de comunicación institucional acciones que permitan ampliar el dominio de los procedimientos y regulaciones urbanísticas por las personas naturales y jurídicas.

Diseñar un plan de preparación integral en el sistema de la planificación física dirigido a cuadros y técnicos sobre aspectos concernientes al ordenamiento territorial y el urbanismo.

Cumplir con el principio de erradicar de inmediato el 100 % de las nuevas ilegalidades detectadas y crear las condiciones para identificarlas desde el inicio.

Cumplir con el catastro, promover y perfeccionar el uso del certificado catastral en las zonas ya certificadas para contribuir al perfeccionamiento de los trámites.

Diseñar acciones para el control, supervisión, organización e informatización del proceso de trámites que realiza la población con el objetivo de agilizar y simplificarlo.

Rendirán cuenta los gobiernos municipales y las entidades estatales a los respectivos cap sobre el resultado de su gestión en el enfrentamiento a las ilegalidades.

PEDIR LA PALABRA Y LLAMAR A LA CONCIENCIA

Las experiencias puntuales de cada territorio y las demandas del sector poblacional al que representan fueron presentadas en el debate por los diputados de la comisión. Así, se focalizaron situaciones tanto particulares como generalizadas, en su mayoría referentes a la lentitud de procesos burocratizados en la base y la falta de inmediatez a la hora de combatir los delitos relativos al tema en cuestión.

Inés María Chapman Waugh, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, explicó la importancia que cobra el reordenamiento urbanístico en nuestro país, y alegó que Cuba, desde su condición de «isla estrecha y alargada», precisa un correcto aprovechamiento del suelo y del agua para garantizar un desarrollo sustentable.

Chapman Waugh explicó también cómo las acciones de la Tarea Vida, las consecuencias de eventos climatológicos que azotan a nuestro país y la producción de alimentos, son aspectos relacionados directamente con la ocupación ilegal de suelos no urbanizables, por lo que hizo un llamado al orden y a la conciencia con respecto a estos temas.

La Vicepresidenta destacó también que, aunque muchas de las ilegalidades responden a las necesidades domiciliarias de la población, es necesario paliar esta situación usando las vías correctas, de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna cubana en su artículo 71 y depositando confianza en la voluntad política del Estado de garantizar a cada cubano el derecho a una vivienda digna.

María Patterson, diputada de Holguín, sacó a relucir el problema del alcantarillado en varias zonas de la provincia, y se refirió a la gravedad de la situación existente con el tema de las instalaciones clandestinas; de ahí que instara a la acción ante esta y otras violaciones que tienen lugar en nuestras comunidades y que atentan, en primer orden, contra la salud humana.

Por su parte, Francisca Saenz, en representación de Camagüey, dedicó su intervención a la ocupación ilícita de propiedades y a cómo actuar ante este tipo de situaciones. La diputada hizo referencia a la inmediatez con que se debe responder ante estos casos, y que, en ocasiones, los delegados no tenían un respaldo del Gobierno municipal para el reordenamiento de las personas implicadas.

Sobre ese mismo tema versó la intervención de Miguel García, también diputado de Camagüey, quien se refirió a la morosidad con que las instancias municipales asumen, por ejemplo, el Decreto Ley número 322, que plantea, entre otras cuestiones, la posibilidad de «adquirir un solar yermo directamente de su propietario o la cesión de uso de una azotea, siempre que no existan restricciones técnicas, regulaciones urbanas y territoriales para la construcción de vivienda».

El diputado Luis Sisto Mora, en representación de Vertientes, Camagüey, se refirió por su parte a la necesidad de un cambio de estrategia para lidiar con estas ilegalidades. «Concentrémonos en las causas y no esperemos a solucionar las consecuencias», sentenció.