ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
Más de 7 700 nuevas ilegalidades fueron detectadas de enero a mayo de 2019. Foto: Archivo de Granma

Uno de los temas más reiterados en la agenda de trabajo de los diputados cubanos ha sido el enfrentamiento a las ilegalidades que atentan contra el diseño económico de la nación. Como seguimiento de esta línea temática, la comisión de Industria, Construcción y Energía fue escenario del debate sobre los delitos relativos al ordenamiento territorial y urbanístico del país, presentados por el Instituto de Planificación Física (IPF) al Parlamento.

En ese sentido rindieron cuenta también los ministerios de la Construcción (Micons), Industrias (Mindus) y Energía y Minas (Minem), así como el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), todos centrados en los avances y reservas de sus respectivos ramos con relación a la comisión de los delitos.

Según el informe del ipf, el año 2019 inició con un inventario de 110 200 ilegalidades de las acumuladas de años anteriores. De ellas 20 188 fueron cometidas por personas jurídicas y 90 012 por personas naturales. Además, 1 146 nuevas ilegalidades detectadas en 2018 no fueron erradicadas y pasaron al plan de 2019.

Además, se conoció que las provincias más afectadas del país por este problema son La Habana, Granma, Matanzas y Santiago de Cuba, al tiempo que Holguín y la capital se reconocen como los territorios con mayor cantidad de nuevas ilegalidades. Dentro de la lista de acciones punibles en las que se incurre con mayor regularidad se encuentran, por ese orden:

Violaciones de regulaciones urbanísticas y de proyectos.

Incumplimientos de las regulaciones de hacer (demoliciones).

Construcciones, ampliaciones y reposiciones de viviendas sin la documentación establecida.

Cambios estructurales de locales y construcciones de inmuebles sin la documentación establecida.

Construcciones de obras para otros usos con autorizos expedidos para vivienda (trabajo por cuenta propia).

Ocupaciones ilegales de suelos.

Como parte de las acciones contra estas indisciplinas ciudadanas, la máxima dirección del país y el ipf dictaminaron medidas integrales que persiguen fortalecer el control y potenciar la prevención de delitos. Entre ellas destacan:

Aprobar la norma jurídica para ordenar y legalizar viviendas, locales y habitaciones que cumplan con las disposiciones urbanísticas. Según diagnóstico, existen más de 230 000 viviendas que requieren ser ordenadas.

Establecer como prioridad en las visitas gubernamentales el análisis del enfrentamiento a las construcciones ilegales.

Los Gobiernos provinciales rendirán cuenta mediante videoconferencia al cierre de cada semestre sobre los resultados del enfrentamiento a las ilegalidades. Los organismos lo harán con frecuencia mensual.

Incorporar a la estrategia de comunicación institucional acciones que permitan ampliar el dominio de los procedimientos y regulaciones urbanísticas por las personas naturales y jurídicas.

Diseñar un plan de preparación integral en el sistema de la planificación física dirigido a cuadros y técnicos sobre aspectos concernientes al ordenamiento territorial y el urbanismo.

Cumplir con el principio de erradicar de inmediato el 100 % de las nuevas ilegalidades detectadas y crear las condiciones para identificarlas desde el inicio.

Cumplir con el catastro, promover y perfeccionar el uso del certificado catastral en las zonas ya certificadas para contribuir al perfeccionamiento de los trámites.

Diseñar acciones para el control, supervisión, organización e informatización del proceso de trámites que realiza la población con el objetivo de agilizar y simplificarlo.

Rendirán cuenta los gobiernos municipales y las entidades estatales a los respectivos cap sobre el resultado de su gestión en el enfrentamiento a las ilegalidades.

PEDIR LA PALABRA Y LLAMAR A LA CONCIENCIA

Las experiencias puntuales de cada territorio y las demandas del sector poblacional al que representan fueron presentadas en el debate por los diputados de la comisión. Así, se focalizaron situaciones tanto particulares como generalizadas, en su mayoría referentes a la lentitud de procesos burocratizados en la base y la falta de inmediatez a la hora de combatir los delitos relativos al tema en cuestión.

Inés María Chapman Waugh, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, explicó la importancia que cobra el reordenamiento urbanístico en nuestro país, y alegó que Cuba, desde su condición de «isla estrecha y alargada», precisa un correcto aprovechamiento del suelo y del agua para garantizar un desarrollo sustentable.

Chapman Waugh explicó también cómo las acciones de la Tarea Vida, las consecuencias de eventos climatológicos que azotan a nuestro país y la producción de alimentos, son aspectos relacionados directamente con la ocupación ilegal de suelos no urbanizables, por lo que hizo un llamado al orden y a la conciencia con respecto a estos temas.

La Vicepresidenta destacó también que, aunque muchas de las ilegalidades responden a las necesidades domiciliarias de la población, es necesario paliar esta situación usando las vías correctas, de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna cubana en su artículo 71 y depositando confianza en la voluntad política del Estado de garantizar a cada cubano el derecho a una vivienda digna.

María Patterson, diputada de Holguín, sacó a relucir el problema del alcantarillado en varias zonas de la provincia, y se refirió a la gravedad de la situación existente con el tema de las instalaciones clandestinas; de ahí que instara a la acción ante esta y otras violaciones que tienen lugar en nuestras comunidades y que atentan, en primer orden, contra la salud humana.

Por su parte, Francisca Saenz, en representación de Camagüey, dedicó su intervención a la ocupación ilícita de propiedades y a cómo actuar ante este tipo de situaciones. La diputada hizo referencia a la inmediatez con que se debe responder ante estos casos, y que, en ocasiones, los delegados no tenían un respaldo del Gobierno municipal para el reordenamiento de las personas implicadas.

Sobre ese mismo tema versó la intervención de Miguel García, también diputado de Camagüey, quien se refirió a la morosidad con que las instancias municipales asumen, por ejemplo, el Decreto Ley número 322, que plantea, entre otras cuestiones, la posibilidad de «adquirir un solar yermo directamente de su propietario o la cesión de uso de una azotea, siempre que no existan restricciones técnicas, regulaciones urbanas y territoriales para la construcción de vivienda».

El diputado Luis Sisto Mora, en representación de Vertientes, Camagüey, se refirió por su parte a la necesidad de un cambio de estrategia para lidiar con estas ilegalidades. «Concentrémonos en las causas y no esperemos a solucionar las consecuencias», sentenció.

Foto: Granma
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Cubanisimo dijo:

1

11 de julio de 2019

06:03:38


Eso que muestra la foto se ve mucho en alamar zona que las gente a eliminado los jardines de los edificio para uso privado primero que nada desde hace mucho tiempo se a permitido este fenómeno edificio que no se debe permitir modificaciones estructurales y la verdad se permite. Apto llamado afectado se divide a la mitad y se hace otra puerta independiente...quiero recordar que eso edificio son prefabricado y no acepta mucho cambio estructural ....y se debe reorganizar los jardines y aceras para buen gusto de lis edificio

Ines Jerez dijo:

2

11 de julio de 2019

09:09:09


Como de costumbre analizan las consecuencias y no las causas. Se ha insistido en la necesidad de disminuir las trabas y las burocracia, sin embargo los Acuerdos recien aprobados para el Ordenamiento y legalización de viviendas y locales es una muestrra de que quienes legislan no tienen bien puestos los pies en la tierra. La cantidad de trámites que impone hacen de este proceso, como el de la obtención de la licencia para construir, una difícil carrera de obstáculos: de planificación física al arquitecto, del arquitecto nuevamente a planificación Física, para que un técnico revise lo que hizo un arquitecto o un ingeriero civil (Da risa), y de ahí a la vivienda o al notario que devuelve lo actuado dos o tres veces por errores casi siempre de planificación física y en el medio la persona que quiere estar legal pero que las trabas no se lo permiten. Ahí estan las causas de tantas ilegalidades. El cemento no puede esperar por tres años y la familia continúa creciendo, pero no cambia la mentalidad de los que crean los trámites, a veces creo que para justificar la existencia de estructuras con las que se benefician.

Luis Respondió:


11 de julio de 2019

12:25:43

Muy de acuerdo con usted, hay que acabar con la tonelada de burocracia esta demostrado que construir una vivienda lista para habitarla demora menos que este papeleo enloquecedor. Usted no mencionó el precio de los materiales de construcción me refiero a los del estado estan demaciado altos y se debiera realizar un balance económico que resuelva esta problemática aprovechando que se esta trabajando fuerte por mejorar las condiciones de vida de los cubanos.

Daymí Respondió:


12 de julio de 2019

10:53:37

Además, es necesario ver que cuando se construye un edificio vivirán personas, las que necesitarán áreas para diferentes fines. Dónde tiende la ropa cuando lava?, por poner solo un ejemplo bien sencillo.

camilo villegas chadez dijo:

3

11 de julio de 2019

09:23:36


Se necesita atender no solo a las violaciones estructurales, sino también a la autorización de rejas que obstruyen las aceras y las tuberías que no se empotran en las paredes y desaguan sobre aceras y calles, a toda hora del día, las aguas residuales de las viviendas de segundo y tercer niveles.

Abelardo dijo:

4

11 de julio de 2019

09:36:22


Es cierto que hemos vivido años difíciles, pero por qué hemos dejado que se acumulen tanto tiempo estos problemas? Dónde estaban los que están para que no ocurran? Por qué continúan proliferando los asentamientos a lo largo y ancho del país y nadie los detiene desde el principio. Conozco varios y conozco que de algunos se informó hace 10-15 años y no se hizo nada, esos que conozco sólo entra la policía cuando hay muertos y los hay a menudo, siembran mariguana, juegan, venden lo inimaginable desde el cable coaxial el rollo entero hasta el módulo de las embarazadas, todo, no tienen libreta de abastecimiento ni dirección en La Habana, cómo creen que viven y van los niños con uniformes y a las escuelas, no lo saben, pagando los uniformes, pagando la matrícula, sino verifiquen en San Miguel del Padrón, no anunciando que van a ir, sino haciéndose pasar por uno de ellos, vayan a la carnicería y compren el pollo de la población por fuera, vayan a la escuela y paguen la matrícula, vayan a la tienda y compren no uno, sino varios uniformes, cada uno a 5.00. No es sólo en San Miguel es a lo largo y ancho de nuestro país. Una sola razón, no hacen nada los que le pagan para que estas cosas no ocurran.

Ian Respondió:


12 de julio de 2019

08:48:26

Las causas amigo estamos hablando de las causas....lugar para vivir necesitamos todos, si las personas tuvieran casa y mejor vida en sus lugares de origen la migracion no seria un problema...ni para las ciudades en cuba ni entre paises! que van a hacer con la gente que tiene que vivir en barrios marginales? Tirarlos al mar? Piense mejor antes de escribir sonre estos temas. Saludos Ian

Elva dijo:

5

11 de julio de 2019

10:08:25


Al informar que de enero a mayo se detectaron 7730 nuevas ilegalidades sería prudente que se explicaran las causas por las que no se pudieron impedir o todas se ejecutaron de noche ...,como la terraza que aparece en la foto. Es más digno no permitir la ilegalidad, que permitirla, para luego decir demuelela, por lo general la ilelegalidad de "permitirla" se queda impune. Todos debemos contribuir a que en nuestro país se respeten las normas y leyes para lograr el ordenamiento que necesitamos y la mejor contribución es que cada cual cumpla con lo que le toca. "Respete para que lo respeten"