ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
Comisión de industria, construcción y energía Foto: Jorge Luis González

Fomentar un ambiente de control diario que potencie el trabajo ideológico, sin descuidar los enfoques económicos y poniendo énfasis en medidas ejemplarizantes, resulta decisivo para enfrentar de manera efectiva el delito y las indisciplinas sociales.

Tal idea constituyó el denominador común de las intervenciones de los diputados de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, quienes debatieron, durante su primera sesión de trabajo, sobre las ilegalidades detectadas en el 2015 por los ministerios de la Construcción y de Industrias, así como las acciones desarrolladas para su erradicación.

René Mesa, titular del Ministerio de la Construcción (Micons), informó que hasta octubre se habían detectado 723 incidencias y de ellas, 208 constitutivas de delitos. Fueron aplicadas, además, 439 medidas disciplinarias.

Entre las principales acciones negativas mencionó la adulteración de los procesos tecnológicos, la extracción ilícita de áridos y la apropiación indebida de hormigón por parte de los choferes en coordinación con los técnicos de obra, quienes acreditan como recibido todo el producto.

Comentó, además, sobre la venta ilegal de materiales de la construcción, el enmascaramiento de faltantes en los inventarios y el desvío de recursos destinados para el expendio a la población. Otras deficiencias están relacionadas con el control del combustible, el pago indebido en las nóminas a los trabajadores, desviación y sobrevaloración del presupuesto de gasto, unido al insuficiente uso de la carta límite (materiales planificados para las operaciones).

En ese sentido, llamó a incrementar las medidas de seguridad en las obras para hacerlas con eficiencia y sobre todo, control. “No podemos seguir tolerando gastos superiores a los previstos, que en ocasiones llegan hasta de un 40 %, debido a las pérdidas o las ilegalidades”.

Durante la etapa analizada, dijo, fueron identificados 11 hechos de corrupción, y solo tres fueron detectados por el sistema de control del Micons. Ello alerta, por tanto, sobre la necesidad de perfeccionar los procedimientos, en aras de lograr supervisiones más integrales y efectivas.

“Aún las sanciones no se parecen a los hechos, no son lo suficientemente ejemplarizantes y todavía tiene fisuras el establecimiento de la trazabilidad de los recursos, desde el origen hasta el destino final”, agregó.

Según el ministro, persiste la falta de sistematicidad del control y fiscalización interna. Por tanto, acotó, “resulta vital actualizar constantemente el plan de enfrentamiento a las ilegalidades y sobre todo, hay que vincular a los trabajadores”.

También Salvador Pardo, titular del Ministerio de Industrias, hizo referencia a los 325 hechos extraordinarios detectados en este periodo, los cuales provocaron una afectación económica ascendente a mós de dos millones de pesos.

En su opinión, “continúan los problemas en la aplicación de la política de almacenes, así como en el control de los inventarios y las líneas de producción. Falta exigencia y ejemplaridad de los cuadros y la incorporación de los trabajadores a las acciones de supervisión es insuficiente”.

Los hechos, expresó, estuvieron vinculados, entre otros, con el robo de cueros y pieles, pegamento de calzado, barras de acero, perfiles de aluminio, herrajes sanitarios, sustracción de cables eléctricos y de comunicación, así como irregularidades en la compraventa de chatarra y el expendio de gases industriales a los trabajadores por cuenta propia.

Luego de la presentación de los informes, los parlamentarios subrayaron la necesidad de implementar acciones eficaces para erradicar las ilegalidades, porque, como dijo José Cabrera, diputado de Minas de Matahambre, provincia de Pinar del Río, “de nada sirve hablar sobre sobre planes de enfrentamiento, acciones hechas y por hacer, si al final no se solucionan los problemas y seguimos debatiendo en cada sesión en torno a las mismas deficiencias”.

Francisca Saez, en representación del municipio camagüeyano de Nuevitas, hizo hincapie en la ejemplaridad, sentido de pertenencia y rigor que debe caracterizar tanto al ejecutor de la obra como al jefe. Mientras Rafael López, diputado de La Habana, habló sobre el carácter burocrático de algunos planes de enfrentamiento, los cuales se diseñan sin la participación de los trabajadores.

La aceptación de determinadas ilegalidades por parte de la población, sin que ello genere actitud de repudio alguno, fue una de las preocupaciones manifestadas por Pedro Astraín, diputado de Mayarí. Por eso, señaló, el enfrentamiento debe tener en cuenta el trabajo ideológico, así como las medidas económicas y las ejemplarizantes.

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roman dijo:

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27 de diciembre de 2015

05:17:04


Recuerden que ya no estamos en la década del 60 que la gente lo daba todo por la revolución y sacrificaba hasta a su familia, el pueblo ha cambiado mucho y se ha llevado muchas decepciones , por lo tanto luchar contra el robo es una batalla perdida por las mismas contradiciones con las que vive Cuba desde hace décadas. Poner sanciones mas duras no es la solución porque sale mucho mas caro tener las cárceles llenas de presos por delitos económicos. La construcción de las obras en general tiene que ser realizada por empresas privadas, el estado se debería encargar solo de los proyectos más importantes, las ciudades mas importantes del mundo han sido levantadas por empresas privadas, y los edificios mas feos y menos eficientes del mundo son los que quedan del antiguo campo socialista.Por favor preocúpense porque la Cuba del 2020 sea eficiente, estéticamente presentable, de primera calidad y respetuosa con el medio ambiente.