Raúl: “Lo que hacemos debe ser sometido constantemente a la crítica constructiva por parte de todos”

El General del Ejército Raúl Castro Ruz reiteró el pasado viernes, durante la reunión del Consejo de Ministros, el llamado a discutir con profundidad cada medida y a analizar todo lo que se ha hecho hasta ahora, para determinar los pequeños errores cometidos y corregirlos.

Son seres humanos los que elaboran las propuestas, los que las aprobamos, los que dirigimos el país, dijo. “No siempre se tiene la experiencia en estas tareas, por eso lo que hagamos debe estar sometido constantemente a la crítica constructiva”.

Así lo consideró el Presidente de los Con­sejos de Estado y de Ministros al valorarse en el cónclave el funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias, luego de un año y siete meses de su puesta en práctica en toda la Isla. “Las cooperativas tienen un carácter ex­pe­rimental y aunque se avanza en su aplicación, no tenemos por qué acelerar el paso, tenemos que cogerle el ritmo a los acontecimientos”.

Destacó que “todos los cuadros y funcionarios a cada nivel, desde San Antonio a Mai­sí, tienen que hacer un análisis crítico del cumpli­miento de las tareas, dar su opinión en el lugar adecuado, el momento oportuno y con las formas correctas, acerca de la aplicación de las decisiones, para rectificar errores antes de generalizar los experimentos”.

“Estamos en el deber de calcular las consecuencias de cada paso que damos y de prever”, expresó.

Estas opiniones antecedieron al informe sobre la gestión de las cooperativas hasta finales del 2014, presentado por Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, en el que se tuvieron en cuenta aspectos positivos y negativos de su funcionamiento,así como las me­didas para consolidar su papel en la economía cubana.

Se conoció que hasta el momento se ha autorizado la creación de 498 cooperativas, de las cuales 347 están funcionando. El 88 % se concentra en tres sectores: Comercio, Gas­tronomía, y Servicios Técnicos y Per­so­nales (59 %); Construcción (19 %); e Industria (10 %). Más del 70 % están ubicadas en La Habana, Ar­temisa y Matanzas. Actualmente, se evalúan en la citada Comisión otras 205 propuestas.

Señaló Murillo Jorge que las cooperativas son fuentes de empleo que han incrementado las ofertas, la calidad de las producciones y los servicios, a la par que han extendido los horarios. “Además, se ocupan de los segmentos del mercado que no resultan competitivos para la empresa estatal”.

Estimó que tienen buenos resultados productivos, económicos y financieros, además se elevan los niveles de ingreso por concepto de utilidades de los socios.

Durante el pasado año, 268 cooperativas aportaron, al cierre de noviembre, 87 millones 727 000 pesos, por concepto de impuestos sobre las ventas y utilidades, así como la contribución a la Seguridad Social. Según valoraciones de la Oficina Nacional de Administración Tributaria prevalece la disciplina tributaria en estas nuevas formas de gestión.

Al señalar los aspectos negativos que han lastrado el buen hacer de estas formas de gestión, apuntó que “no todos han comprendido correctamente el carácter experimental del proceso, ni la prioridad para aplicarlo en sectores que tienen un alto impacto en el desarrollo de los territorios”.

Consideró que el procedimiento para constituir las cooperativas ha incorporado una carga burocrática que genera dispersión y demoras. “El comienzo de las operaciones ha sido lento, motivado fundamentalmente por la selección de los locales, su legalización en los Registros de la Propiedad y la creación de las condiciones para su funcionamiento; el proceso de negociación entre cooperativas e instancias aprobatorias; y los trámites legales ante notarios e instituciones bancarias”.

Durante el periodo han surgido dificultades en el acceso a los suministros; por otro lado, “ha existido una tendencia al incremento de los precios de productos y servicios que se ofertan en las cooperativas, sobre todo en los mercados agropecuarios y en la actividad de gastronomía”.

En consecuencia, los miembros del Con­sejo de Ministros aprobaron varias propuestas dirigidas a fortalecer y mejorar el trabajo de estas formas de gestión. En primera instancia, decidieron extender el experimento de las cooperativas de primer grado en sectores no agropecuarios, bajo el principio ratificado por el General de Ejército de “no masificar la creación de cooperativas, la prioridad deberá ser consolidar las que existen e ir avanzando de forma gradual, pues de lo contrario estaríamos generalizando los problemas que se presentan”.

Se supo que se tomarán un grupo de medidas como la ampliación a un año del tiempo máximo para contratar a trabajadores asalariados (ahora es de tres meses), los cuales no podrán sobrepasar el 10 % de la cantidad de socios; y se establecerá como periodo de bonificación de impuesto los primeros seis meses después de la inscripción en el registro de contribuyentes (hoy es de tres).

Se le dio luz verde, también, a la elaboración de una propuesta sobre cómo se insertarán las cooperativas en el proceso de elaboración del Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado. Asimismo, se trabaja en la confección de un programa de preparación acerca de los principios de funcionamiento de las cooperativas, con prioridad para sus directivos, donde se aborden temas como la gestión de negocios, el sistema de contabilidad y la organización del sistema de control interno.

Para materializar las propuestas aprobadas el pasado viernes, deberán modificarse el Decreto Ley 305 y el Decreto 309, que rigen el funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias.

SOBRE FORMAS Y SISTEMAS DE PAGO
A Murillo Jorge correspondió presentar además los resultados de la aplicación de la Resolución 17, emitida en el 2014 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, so­bre formas y sistemas de pago, que ha contribuido a potenciar la empresa estatal socialista como forma principal de la economía cubana.

Acerca de su implementación, señaló que al concluir el año 2014 “la productividad por trabajador alcanzó 22 852 pesos, 18 % superior a lo previsto; el salario medio mensual fue de 600 pesos, 11 % también por encima de lo planificado; y el pago por resultado promedio mensual fue de 179 pesos, que representa el 30 % del salario medio”.

Destacó el impacto positivo de la puesta en práctica de esta política y el hecho de que “se aprecia una mayor atención por parte de di­rectivos y trabajadores a la eficiencia y el cumplimiento del Plan, al tiempo que se incrementan los ingresos provenientes del trabajo”.

No obstante, expresó que transcurridos siete meses de su implantación se identificaron varios problemas, entre ellos, “el incumplimiento del indicador límite gasto de salario por peso de valor agregado bruto, por lo que se han realizado pagos sin respaldo productivo en 238 empresas, por un monto de 347 millones de pesos”, que se concentra en un 69 % en el Ministerio de la Agricultura, el Grupo Azucarero y el sistema empresarial atendido por los Con­sejos de la Administración.

Aun cuando se manifiesta una tendencia a la disminución de este comportamiento en los últimos años, el Vicepresidente del Consejo de Ministros alertó sobre las consecuencias del hecho y convocó a un análisis más profundo del tema.

En la reunión, quedó ratificado como índice máximo para vincular el salario a los resultados en el sistema empresarial el gasto de salario por peso de valor agregado bruto. De la misma forma se mantienen los indicadores directivos aprobados en la emisión del plan 2015, como el encargo estatal, las ventas netas totales, la utilidad del periodo antes de impues­tos, las ventas por exportación, entre otros.

Se confirmó, igualmente, la facultad para aprobar las formas y sistemas de pago a los presidentes de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), los directores de las empresas atendidas directamente por un órgano, organismo o entidad nacional, y los directores de las empresas que aplican el Perfeccionamiento Empresarial.

POR UN SISTEMA BANCARIO MÁS EFICIENTE
La agenda de la reunión incluyó la aprobación del perfeccionamiento del Sistema Ban­cario Nacional, cuya puesta en marcha, precisó Leonardo Andollo Valdés, segundo jefe de la Comisión Permanente para la Imple­mentación y Desarrollo, “permitirá que el país cuente con un sistema más eficiente y capaz de responder al nuevo modelo de gestión económica”.

Esta reestructuración transitará por un proceso de desarrollo paulatino y ordenado, de separación de funciones estatales y empresariales, con un marco jurídico actualizado, ex­plicó.

A su vez, se estimulará la creación de productos y servicios bancarios y financieros, en función de las necesidades de la economía, lo cual se prevé ocurra en dos fases, que deberán coincidir con el proceso de unificación monetaria.

De tal manera,“se destinará el financiamiento a sectores priorizados, según la Po­lítica Crediticia aprobada, para apoyar el proceso de inversión, así como estimular el co­mercio exterior y el mercado interno”.

El perfeccionamiento también pretende “organizar la prestación del servicio bancario en cada territorio, en función de las demandas de los diferentes actores que se desenvuelven en la economía, para lo cual se realizarán estudios de los procesos organizativos de las oficinas bancarias, los horarios de atención al pú­blico y las necesidades de capacitación del personal”.

Entre otros aspectos, se anunció que se incrementará el acceso de las personas al crédito para dar soporte al crecimiento económico; se elevará el número de sucursales y cajeros automáticos en todo el país; y se mejorará el alcance de la infraestructura bancaria, adecuándola a las necesidades de la mayor parte de la población.

Andollo Valdés informó que “se desarrollará un sistema de pago automatizado, seguro y eficiente, sustentado en leyes, regulaciones y procedimientos, que rijan los mecanismos pa­­ra el procesamiento de los pagos”.

El sistema bancario y financiero, concluyó, apoyará el proceso de perfeccionamiento del sector empresarial y el fortalecimiento del mar­co institucional del país.

INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES
Como se ha hecho frecuente en las reuniones de la máxima instancia del gobierno cubano, este viernes también fue analizado el cumplimiento del cronograma de inscripción de inmuebles estatales en el Registro de la Pro­piedad, asunto de vital importancia para la institucionalidad de la nación.

El viceministro primero de Justicia, Ur­bano Pedraza Linares, dio a conocer que en los últimos cuatro años se han inscrito 300 011 inmue­bles y, aun cuando se sobrecumple en lo planificado para ese periodo, restan 9 059 por registrar.

Pedraza Linares señaló entre las causas que determinaron que al concluir el 2014 queden inmuebles por registrar: “la deficiente elaboración del levantamiento inicial; la demora en el completamiento de los Re­gistros de la Propiedad en La Habana; así como el insuficiente control a esta tarea en los años 2010, 2011 y 2012”.

Consideró que resulta necesario mantener actualizada la inscripción en los registros de los traspasos y transmisiones, antes de ser arrendados, a otras formas de gestión, y los cambios de uso de inmuebles estatales asignados a cada órgano, organismo o entidad nacional.

En la reunión se aprobó otorgar un plazo final hasta diciembre para concluir el proceso de inscripción de inmuebles estatales, con excepción de la capital, que por su complejidad se evaluará extender más el tiempo para finalizar esta labor.

CON LA CORRUPCIÓN SIEMPRE EN LA MIRILLA
La contralora general de la República, Gladys Bejerano Portela, dio a conocer a los miembros del Consejo de Ministros la situación de las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa de­tectadas durante el pasado año, cuyo en­frentamiento constituye prioridad para el Estado cubano y en el que aún no se alcanzan los resultados esperados.

Según la información ofrecida, la mitad de los hechos identificados en el 2014 están vinculados al comercio, la gastronomía y al sector agroalimentario. La situación más compleja está en La Habana, Holguín y Santiago de Cuba.

El principal móvil, comentó la Contralora, continúa siendo el desvío de recursos para la venta ilícita y el enriquecimiento indebido. Las actividades con más afectaciones se concentran en inventarios, contratación, facturación, combustible, entrega y uso de la tierra, normas de consumo y mermas.

Entre los modos de operar, señaló la falsificación de documentos, transferencias ficticias y apropiación del efectivo no despositado en los bancos, fraudes en nóminas e introducción ilegal de mercancías. Refirió, también, la realización de pagos indebidos por servicios que no se pactaron o no se realizaron, así como el favorecimiento a proveedores.

Consideró Bejerano Portela que “existe falta de rigor en los análisis que realizan las administraciones sobre las causas y condiciones que propician estos hechos y, en consecuencia, no se logran implementar sistemas de trabajo que permitan tener contrapartidas efectivas”.

Hizo énfasis la Contralora en que “resulta necesario reflexionar sobre la producción y comercialización de productos de dudosa procedencia en las formas no estatales de gestión, e incluso, en no pocos casos, por ilegales”. Mencionó la generalización de puntos de venta de ropa, herrajes, muebles, electrodomésticos y alimentos, donde se expenden productos importados o elaborados en la industria nacional.

Con las ilegalidades y el robo, puntualizó, se desvirtúa la esencia del trabajo por cuenta propia como fuente de empleo y forma de gestión que complementa los esfuerzos del Es­tado para satisfacer las necesidades de la po­blación.

Valoró que “no todos los cuadros y dirigentes, en la base y en niveles intermedios, han interiorizado su responsabilidad en la implementación de sistemas de control interno que permitan la detección y el enfrentamiento oportuno de las manifestaciones de ilegalidad”.

“Resulta esencial trazar estrategias integradas y acciones sistemáticas para cambiar la percepción y la actuación de las administraciones ante estos problemas; fomentar la repulsa social; y lograr más efectividad en la prevención, con la participación de los colectivos de dirección y los trabajadores”.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO
Como último punto de la agenda, Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación Física, abordó el enfrentamiento a las ilegalidades del ordenamiento territorial y urbanístico, con el cual, apuntó Raúl, “se ha empezado una batalla importante, en la que aún falta combatividad y en la que tiene que quedar claro que la idea no es prohibir las construcciones, sino indicar dónde pueden hacerse”.

En el 2014 se avanzó en la erradicación de dichas ilegalidades, “de enero a noviembre se eliminaron 57 818 violaciones, 12 835 más que en el 2013, la mayor cifra de los últimos cuatro años”. Vale destacar que en estos nú­meros se incluyen desde las ilegalidades más sencillas hasta las de mayor complejidad.

De manera general, los Consejos de la Administración Provincial con más ilegalidades resueltas son Villa Clara, Pinar del Río, Holguín y La Habana; en tanto, los más ba­jos resultados se muestran en Ma­ya­beque y Santiago de Cuba.

Consideró Rodiles Planas que aunque se ha realizado una ardua labor, es insuficiente el avance en el cumplimiento de esta tarea por “la falta de actuación conjunta de los gobiernos y las entidades que no son de su subordinación; las incomprensiones en la base sobre la responsabilidad de cada entidad en eliminar las ilegalidades y establecer el orden en los inmuebles, terrenos, espacios o franjas por las que responden jurídicamente; y el insuficiente trabajo para incorporar a la población a esta batalla”.

Para el 2015 se ha reportado un inventario inicial de 152 485 ilegalidades del ordenamiento territorial y urbanístico en todo el país y se planifica erradicar el 34 % de ellas, para lo cual, expresó Rodiles Planas, “están previstos los recursos necesarios en los planes económicos”.