Sancionan a responsables de los hechos ocurridos el pasado 7 de junio en el municipio de Bauta, provincia de Artemisa

La Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Artemisa, después de valorar las pruebas practicadas en el juicio oral celebrado en días recientes, acordó sancionar a siete personas vinculadas a un presunto plan de salida ilegal del país, en el que, como se informó, fueron ultimadas de forma violenta cuatro per­sonas.

Durante el desarrollo del juicio oral se de­mostró que los acusados JORGE LUIS SA­LAZAR RICARDO, REINIER ARMAS GAR­CÍA, YASSEL MONTERO VÁZQUEZ, JOR­GE RAMÓN SUÁREZ LEÓN, YUSNIEL GRIMONT SÁNCHEZ y MICHEL LUIS GARCÍA URGELLES, puestos de común acuerdo, decidieron concebir y ejecutar un plan, en el que simulaban la organización de una salida ilegal del territorio nacional hacia los Estados Unidos de América por vía marítima, con el propósito de apropiarse del dinero que los interesados en abandonar el país les pagarían para llevar a vías de hecho su viaje.

Los citados encausados lograron enrolar a once personas, mediante el engaño de emigrar de forma segura, y se cercioraron de que el día previsto para la salida llevaran consigo la cifra acordada.

De esta forma, el Tribunal pudo dar por probado que el 7 de junio aproximadamente a las 9:00 de la noche los encartados JORGE LUIS SALAZAR RICARDO y REINIER ARMAS GARCÍA contactaron telefónicamente con el ciudadano Orlando Gutiérrez Padilla, quien des­conocía las verdaderas intenciones de los acusados, con el objetivo de que este en su bicitaxi fuera trasladando individualmente a las personas que querían salir del país, hasta uno de los refugios ubicados en el potrero de la finca de desarrollo 603 de la Vaquería Niña Bonita, sitio donde por sorpresa, y aprovechándose de la superioridad numérica, oscuridad y condiciones del terreno, procedieron a agredir premeditadamente a cinco de ellas, logrando privar de la vida a cuatro.

Como resultado de las investigaciones también se demostró que dos años antes los acusados YASSEL MONTERO VÁZQUEZ, JOR­GE LUIS SALAZAR RICARDO, RAFAEL SÁN­CHEZ HERNÁNDEZ y REINIER AR­MAS GARCÍA, con similar modus operandi lograron adueñarse violentamente del dinero de otra persona bajo la falsa creencia de una salida ilegal del país.

La Sala, en atención a la gravedad de los he­chos narrados, a la conducta de los imputados, quienes actuaron de forma inescrupulosa con el único fin de obtener beneficios personales, y al grado de participación de cada uno de ellos, acordó sancionar a:

1).- JORGE LUIS SALAZAR RICARDO, como autor de los delitos de asesinato en grado de tentativa, robo con violencia o intimidación en las personas y falsificación de carné de identidad a privación perpetua de libertad.

2).- REINIER ARMAS GARCÍA, como au­tor de los delitos de asesinato, asesinato en gra­do de tentativa y robo con violencia o intimidación en las personas a privación perpetua de libertad.

3).- RAFAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, como autor de un delito de robo con violencia o intimidación en las personas a 25 años de privación de libertad.

4).- YASSEL MONTERO VÁZQUEZ, como autor de un delito de robo con violencia o intimidación en las personas a 22 años de privación de libertad.

5).- MICHEL LUIS GARCÍA URGELLÉS, como autor de un delito de tráfico de personas a 10 años de privación de libertad.

6).- YUSNIEL GRIMONT SÁNCHEZ y JOR­GE RAMÓN SUÁREZ LEÓN, como autores de un delito de tráfico de personas a 8 años de privación de libertad para cada uno.

El tribunal impuso además a los encausados las sanciones accesorias de privación de derechos consistentes en la pérdida del derecho al sufragio activo y pasivo, así como de ocupar cargos de dirección en los órganos estatales y en organizaciones de masas y sociales; y dispuso las prohibiciones migratorias pertinentes.

Asimismo, los acusados JORGE LUIS SA­LAZAR RICARDO y REINIER ARMAS GAR­CÍA fueron declarados responsables civilmente por los hechos cometidos y deberán in­dem­nizar a los familiares de las víctimas.

Contra la sentencia dictada tanto los acusados, como el Fiscal, tendrán el derecho de establecer recurso de casación ante la Sala de lo Pe­nal del Tribunal Supremo Popular.