Más que un deber, compromiso

No es un secreto que la situación del fondo habitacional en el país es compleja, y que la mayoría de los ciudadanos no tiene la posibilidad de adquirir una vivienda propia. Es por ello que el programa de entrega de viviendas en estímulo a un gru­po de colaboradores de la salud que prestaron sus servicios en el hermano país de Venezuela fue recibido con entusiasmo por estos profesionales.

El acuerdo número 7606 del Con­sejo de Ministros del 23 de agosto del 2014, estableció el procedimiento pa­­ra la transferencia de la propiedad de las viviendas asignadas a los 8 000 colaboradores de la salud que cumplieron misión en la Re­pública Boli­va­ria­na de Vene­zue­la, y del pago de las mismas.

Sobre este tema, el director jurídico del Ministerio de Salud Pú­bli­ca (Minsap ), Víctor Bermejo Ben­co­mo, aclaró a Granma y Juventud Re­­­bel­de varias inquietudes sobre el proceso, dando respuesta a un conjunto de interrogantes que muchos de estos médicos hicieron llegar a las direcciones de ambos diarios.

De acuerdo con el funcionario, este programa de entrega de viviendas —que se realiza por única vez— está destinado a 8 000 colaboradores que cumplieron su misión en Ve­nezuela. Hoy prácticamente la mi­tad de estos profesionales se en­cuen­tran nuevamente colaborando en el exterior.

De estas 8 000 casas, dijo, se han terminado solo cerca de 5 000. Las provincias con más casos pendientes en la construcción de los inmuebles son La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Pinar del Río, mientras que las más avanzadas son Cienfuegos (que ya terminó su plan), Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y el municipio especial Isla de la Juventud.

DE LA TRANSFERENCIA Y EL PAGO

Explicó el director jurídico del Minsap que el acuerdo 7606 dis­po­ne que, a partir de los datos generales de los colaboradores, así como la tipología de vivienda que le fue entregada, los directores provinciales de salud pública deben en­viar a cada Consejo de la Ad­mi­nis­tración Mu­nicipal el listado de los profesionales beneficiados. Este último me­diante acuerdo “contentivo del nom­bre y apellidos del colaborador, número de identidad permanente, estado civil, dirección del inmueble, tipo constructivo y el precio que corresponde”, es la autoridad facultada para asignar la vivienda, y constituye este acuerdo el acto legal de transferencia de la propiedad de la misma.

A partir de ese momento, puntualizó el directivo, el Consejo de la Administración Municipal en­trega al director provincial de Salud los acuerdos y este, en un término de siete días, debe notificar al colaborador de que ha sido beneficiado con la transferencia de la propiedad del inmueble.

Luego de esta notificación —se­ñaló— el colaborador debe personarse en la dirección municipal de la vivienda, e instar a la misma me­diante un escrito de solicitud a que se le realice el procedimiento legal para la transferencia de la vivienda. Al respecto, Bermejo Ben­como dijo que existe la disposición de viabilizar los trámites en estas instancias, de modo que no se tornen engorrosos. Una vez hecha la solicitud, la dirección municipal de vivienda se pronuncia entonces me­diante resolución a partir del acuerdo del Consejo de la Ad­minis­tración, y es con este documento que el colaborador se persona en el Banco para el establecimiento del contrato; que constituye su título de propiedad una vez abonado el monto del precio de transferencia en el término de un año en dos plazos. Dentro de este plazo, el banco da la posibilidad de fijar las fechas de pago a conveniencia del colaborador.

El acuerdo dispone, refirió el es­pecialista, que el precio de transferencia de las viviendas se determina en pesos convertibles (CUC) y se paga en esta moneda o en su equivalente en pesos cubanos (CUP), de conformidad con la ta­sa de cambio vigente para las operaciones de compra del CUC a la población en el momento de liquidar.

En el caso de los colaboradores beneficiados que hoy se encuentran cumpliendo misión, se retiene el acuerdo del Consejo de la Ad­ministración Municipal hasta que pueda ser notificado, esperando a que cumpla la misión. De igual mo­do, para aquellos que dejaron un poder notarial a los familiares, especificó que los trámites solo podrán realizarse siempre que este documento cumpla los requisitos legales establecidos, como que esclarezca y especifique su alcance para con la vivienda.

Según el acuerdo 7606, “en el caso de que el beneficiario no pue­da pagar el precio fijado para la vivienda en CUC ni en CUP en el tér­mino establecido, no se entrega el inmueble en propiedad y pasa al fondo estatal de viviendas. El Con­sejo de la Administración Mu­ni­cipal asigna el inmueble al colaborador o familiar con derecho, en concepto de arrendamiento me­dian­te el pago de mensualidades cuyo monto será el que resulte de aplicar el procedimiento vigente en la Ley General de la Vi­vienda para el cálculo de este”.

El director jurídico del Minsap, comentó que para llevar a cabo este procedimiento se ha realizado en todo el país un proceso de capacitación a los funcionarios que atienden la vivienda en las direcciones de salud.

Similar procedimiento —explicó— se seguirá con aquellos colaboradores beneficiados que decidieron como estímulo en lugar de la construcción de una nueva vivienda, la ampliación, remodelación, conservación y rehabilitación de sus inmuebles.

Al indagar por varias de las in­quietudes que han llegado a este rotativo, referentes a la calidad de las obras, Bermejo Bencomo ex­pre­só que “hay que reconocer los problemas de calidad presentados en una parte de las viviendas construidas”.

Señaló que el Ministerio de la Construcción está trabajando en el cumplimiento de los compromisos contraídos para resolver los problemas de calidad detectados. Entre es­tos citó las filtraciones, pisos hundidos y rajaduras, además de elementos que estaban contemplados en los proyectos y quedaron incompletos.

“Hubo colaboradores que recibieron la vivienda estando en Cuba ya, otros que se les entregó sin ha­ber participado en el proceso cons­truc­tivo y otros que sí pudieron ha­cer­lo y defendieron mejor la calidad de su vivienda; pero todos la recibieron”, refirió.

En relación con los precios, el funcionario aclaró que  los materiales de terminación fueron un elemento esencial que formó parte de la decisión para conformar el precio de la vivienda como base de cálculo. Estos colaboradores contaban al cumplimiento de su misión con una cuenta en CUC, que les permitiría asumir el compromiso de pago.

“No podemos desconocer que hubo lugares en el país donde no se trabajó de manera homogénea, y se fueron buscando soluciones territoriales, lo cual muchas veces atentó contra la calidad y originó malas terminaciones. Hemos realizado análisis con el Micons, y las direcciones de vivienda, de modo que se busquen soluciones a los problemas constructivos estructurales más complejos”.

“El programa se va a cumplir, las 8 000 viviendas se van a entregar. Es importante señalar que se han ido buscando también otras opciones. Por ejemplo, a partir del proceso de compactación y regionalización de los servicios del sector de la salud, tenemos casos de compañeros —específicamente en la capital— que hoy viven en consultorios considerados como no necesarios, y a quienes se les ha ofrecido la posibilidad de transferírselos como viviendas, con lo cual han estado de acuerdo”, explicó.

Concluir la construcción de es­tos inmuebles, corregir los desaciertos que en el proceso se han producido, y cumplir con un estímulo me­recido es hoy más que deber un compromiso moral; como lo fue desde el inicio al reconocer la noble tarea de salvar vidas.

Precios de las viviendas de acuerdo con el sistema constructivo

Vivienda en biplanta Losa Hueca                                            3699 cuc
Vivienda uniplanta convencional                                            3369 cuc
Apartamento en edificio Losa Hueca de 4 niveles               3329 cuc
Vivienda en biplanta convencional                                         3270 cuc
Apartamento en edificio Gran Panel                                      2095 cuc