La nueva Constitución y los asuntos medulares para pensar Cuba

En el análisis del proyecto de reforma constitucional otros temas abordados fueron La atención a la niñez, la adolescencia y la juventud; educación, cultura y ciencia, y el desarrollo local.

Respecto a la protección de niños, adolescentes y jóvenes, la diputada Yinet Infante, por el municipio Boyeros, propuso agregar, en el artículo 72, donde solo se refiere a que el Estado, la sociedad y la familia deben prestarles atención, la obligatoriedad de la protección, tal como se establece en la convención internacional de la que somos signatarios.

La propuesta resultó aprobada una vez que la representante Yanet Hernández, por el municipio La Lisa, se refirió a su importancia.

Danis Díaz Pereira, referente al artículo 74, sostuvo el criterio de sumar, a la responsabilidad del Estado en la atención de las personas discapacitadas, el papel de la sociedad y las familias, con la consiguiente necesidad de especificar los límites de cada uno.

En tanto, Daicar Saladrigas consideró agregar, en el artículo 88, entre los derechos de los ciudadanos, lo referido a la seguridad alimentaria, de manera que se especifique que el Estado trabaja para garantizar ese derecho. Ambas modificaciones fueron aceptadas.

Referente al Artículo 95, la diputada Yinet Infante se refirió al inciso c), donde se habla sobre la política educativa y cultural.

En el mismo se menciona la protección al medioambiente y los recursos naturales; por lo que propuso incluir en este artículo la promoción de la cultura medioambiental.

Sobre el tema, Elier Ramírez, miembro de la Comisión que trabajó la elaboración del proyecto constitucional, explica que no es necesario especificarlo, a lo que Homero Acosta expone que el concepto usado ya de por sí es integrador.

Aramis Padilla Martínez, diputado por el municipio Güines, propone que la creación artística es libre y su contenido respeta los valores de la sociedad socialista cubana.

Sobre el Inciso j), del mismo artículo, expresó que hablar de riqueza artística resulta indefinido, y propone como término proteger y salvaguardar un conjunto de saberes, valores de carácter patrimonial e histórico, un concepto que recoge mejor la igualdad y diversidad en la cultura.

Por su parte, José Luis Toledo expresó que, sobre el término riqueza, se habla de valores inmateriales como los artísticos, patrimoniales e históricos, y la política educacional atiende lo referente a defender la identidad de todos los valores.

Referente a este artículo, Homero Acosta recalcó que la defensa de la identidad y cultura cubana tiene una amplitud, por ello no cree necesario incorporar los saberes que son más imprecisos.

Sin embargo, Lilian Mendoza Estrada, diputada por el municipio Calimete recalcó la necesidad de establecer la palabra salvaguarda, en vez de proteger, pues así lo declara la UNESCO para este tipo de bienes y no se limita solo a la conservación.

Al respecto, el Doctor Eduardo Torres Cuevas sugirió que la comisión estudie los términos que se proponen porque una respuesta así es apresurada y se debe traer una solución.

Otros diputados insistieron sobre el tema de los monumentos locales ante la preocupación de que este término quedase fuera, aunque la ley de la protección a los monumentos existe.

Relativo al mismo artículo, el diputado Luis Morlote agregó que se puede resolver el tema de establecer una categoría de monumento local y nacional resumiéndolo en monumentos de la nación, un término que engloba ambos.

Luego de varias intervenciones referidas a los términos intendente y gobernador, se llamó la atención sobre que serán sometidos a la consulta popular.

Al abordar la importancia de la autonomía municipal y el desarrollo local, quedó evidenciado el papel del delegado y el Consejo Popular. Esta última instancia, según refirieron algunos diputados, si bien no tiene la función de controlar a las entidades nacionales que, por cuestiones geográficas, se encuentra en su demarcación, tiene el deber de dirigirse al presidente de la Asamblea Municipal y convocar a los factores que sean necesarios, para solucionar las problemáticas que estas presentan cuando estén afectando o interfieran en el buen funcionamiento de la comunidad.

El diputado Ramón Estévez Solis, por Ciego de Ávila, sugirió que después de aprobada la Constitución, los proceso de rendición de cuenta se realicen una vez al año, lo que facilitará contar con un término apropiado, para buscar alternativas de soluciones a los problemas.