Cuando Cuba firmó la Convención sobre los Derechos del Niño en
1990, ya habían pasado 31 años desde que ese sector era prioritario
en el país.
El triunfo de la Revolución impulsó las primeras políticas en ese
sentido, atemperadas luego a la Convención que se ratificó en 1991.
Solo dos países en el mundo no se han hecho partícipes de este
instrumento: los Estados Unidos y Somalia.
De acuerdo con la representante del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) en Cuba, Begoña Arellano, América Latina
fue una de las regiones que más rápido ratificó el documento, siendo
casi todos sus países firmantes, además, de los protocolos
facultativos que le acompañan.
Entre los logros alcanzados en la zona durante los últimos años,
la funcionaria destacó el hecho de que en la mayoría de los estados
las legislaciones nacionales se han armonizado con los postulados de
la Convención, poseen un Código de Protección Integral de los
derechos de los niños y los adolescentes, y se han creado planes
nacionales de acción para contribuir a la implementación del
documento.
Añadió que, no obstante esos logros, aún se ciernen obstáculos
para la realización progresiva de los derechos del niño, como la
violencia y la desigualdad de género; la poca inversión y acceso
limitado a los servicios por parte de este sector —al no ser
considerado prioritario—, y la falta de espacios reales para la
participación.
Frente a los desafíos que entraña garantizar una infancia plena
en cada nación, la subdirectora del Centro Cubano de Estudios de la
Juventud, Ana Isabel Peñate, señaló la necesidad de una educación en
los derechos humanos, de modo que se formen, desde edades tempranas,
hombres conscientes y responsables.
Esta educación debe ser consustancial al modelo económico,
político y social de cada país, e instruir sobre los deberes y
derechos ciudadanos, comentó. Es una contribución al diálogo entre
generaciones, tomando la escuela como espacio socializador por
excelencia, y a la familia como sostén principal.