Así afirmó ayer la ministra de Justicia, María Esther Reus, al
dar a conocer en el Centro de Prensa Internacional el informe de
Cuba sobre el enfrentamiento jurídico-penal a la trata de personas y
otras formas de abuso sexual, correspondiente al año 2012.
Destacó que el texto obedece al cumplimiento de Cuba con la
suscripción y ratificación de los principales instrumentos
internacionales sobre la materia, y el respeto a los principios
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas.
Según la titular cubana, en la nación caribeña existen todas las
condiciones para asegurar la cooperación y la asistencia judicial en
la materia, sustentadas en la legislación vigente, los acuerdos
bilaterales y multilaterales de los que el país es signatario.
El informe ejemplifica los casos de enfrentamiento jurídico ante
estos delitos, en particular los cometidos contra niñas, niños y
adolescentes, que son juzgados con mayor severidad por las leyes del
Estado cubano. La mayoría de los hechos enfrentados, de acuerdo con
lo declarado por la Ministra, no califican como trata de personas.