Claudia Fonseca Sosa

Durante la presentación del informe de Cuba sobre el enfrentamiento jurídico-penal a la trata de personas y otras formas de abuso sexual, la ministra de Justicia, María Esther Reus, dio a conocer que en el país existe una política de enfrentamiento y prevención de estos crímenes que involucran a diversos organismos del Estado y la sociedad civil.

Al respecto, el texto entregado a la prensa destaca que el Estado cubano garantiza a todo el pueblo el disfrute de sus derechos humanos, lo cual incluye asistencia social, seguridad ciudadana y el acceso gratuito a la salud y educación. Ello facilita la organización de acciones de enfrentamiento y prevención a la trata y la explotación sexual contra mujeres, adolescentes y niños, que constituyen formas de maltrato y violencia de género con consecuencias físicas y psíquicas, muchas veces irreversibles.

El informe señala que en el pasado año los hechos de abuso sexual contra menores de edad mantuvieron niveles ínfimos y que en todo el país fueron juzgadas 241 personas por el delito de proxenetismo, de las cuales 224 ya han sido condenadas. La Habana, Cienfuegos, Matanzas y Holguín fueron las provincias de mayor incidencia.

En la actualidad siete extranjeros cumplen sanción de privación de libertad en Cuba por el delito de corrupción de menores, asociado al abuso sexual.

La mayoría de los hechos enfrentados a partir de las actividades de prostitución y proxenetismo no califican como trata de personas, pues no hubo empleo de la amenaza, la coacción u otras formas de intimidación de una parte hacia la otra, refiere el texto.

"La trata consiste en utilizar, en provecho propio y en modo abusivo, las cualidades de una persona. Para que la explotación se haga efectiva los tratantes deben recurrir a la amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de coacción para la captación, transporte o traslado de las personas", según la definición de la ONU.

Nuestra realidad —agrega el documento— difiere de otras naciones, donde la explotación sexual está asociada a redes criminales. Como rasgo particular, en Cuba existe un vínculo consensuado entre prostitutas y proxenetas para ejecutar la actividad ilícita, motivados por ánimo de lucro o con aspiraciones de migrar.