GUATEMALA. — Organizaciones indígenas, campesinas, feministas, humanitarias, ambientalistas, cristianas y sindicalistas de Guatemala rechazaron el estado de sitio decretado por el Gobierno en cuatro municipios, donde los habitantes se oponen a la explotación minera.

Hasta hoy fueron capturadas 16 personas, tras implementarse la medida gubernamental, la cual dio luz verde para que desde este jueves se desplegaran ocho mil 500 elementos del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) en Casillas y San Rafael Las Flores, en el departamento de Santa Rosa; y en Mataquescuintla y Jalapa, en Jalapa.

"Declaramos que el estado de sitio decretado, se hace en base a la aplicación de una Ley de Orden Público, aprobada con anterioridad a la actual Constitución Política de la República, lo que hace que esta acción del gobierno esté descontextualizada, y violente los derechos y garantías individuales y colectivas reconocidas a la población guatemalteca", advierten en el comunicado.

Los estados de sitio también impactan sobre la vida y economía de las comunidades porque no pueden vender ni comprar sus productos, lo cual agudiza su situación de empobrecimiento, denunciaron los firmantes.

Demandaron al gobierno, el cese inmediato de la represión, criminalización y persecución ejercida en contra de líderes de resistencia territorial y exigieron al Congreso anular el Decreto Gubernativo 06-2013.

Asimismo, solicitaron a la Procuraduría de Derechos Humanos y a las instituciones competentes el resguardo de la integridad física y la vida de los defensores humanitarios, en legítima protesta a favor de la Madre Tierra y su territorio y en contra de la minería, hidroeléctrica, cementera y demás proyectos extractivos.

Entre las instancias que rubricaron el documento están el Parlamento Xinka, Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, Sector de Mujeres; el Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala, la Fundación Guillermo Toriello y la Marcha Indígena, Campesina y Popular.

Un policía murió esta semana en un choque entre fuerzas de seguridad y pobladores, opuestos a la explotación minera de oro y plata por parte de la empresa canadiense Tahoe Resources en la mina ubicada en San Rafael Las Flores, 105 kilómetros al sureste de aquí.

Según el ministro de Gobernación (Interior), Mauricio López, cientos de ciudadanos retuvieron el lunes anterior por la noche a 23 guardias, a quienes les quitaron sus armas de fuego y equipo personal.