Roberto Torres Barbán

El Decreto-Ley 288 da cumplimiento a lo discutido por el pueblo y aprobado en el Sexto Congreso del Partido, sobre el establecimiento de la compraventa de viviendas y la flexibilización de otras formas de transmisión de la propiedad, lo cual se encuentra plasmado en el Lineamiento 297 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aseguró este jueves, en conferencia de prensa celebrada en la sede del Instituto Nacional de la Vivienda (INV), Santiago Herrera Linares, director jurídico de ese organismo.

El director jurídico del Instituto Nacional de la Vivienda explicó los principales retos de ese organismo en la aplicación del Decreto-Ley 288.

A pesar de ello, precisó, un año después de su aplicación aún persisten insuficiencias en el trabajo de varias dependencias de ese organismo sobre este tema, los cuales se reflejan en la existencia de quejas por demoras y negligencias, así como falta de profesionalidad y rigor de algunos funcionarios, con quienes se toman las medidas pertinentes.

Con el objetivo de revertir ese panorama, se han fomentado mecanismos de supervisión y control a nivel de organismo, los cuales permiten detectar algunos de esos casos. En el INV, dijo, también se implementa de manera rigurosa el Sistema de Atención a la Población, que va desde el nivel municipal al nacional y al cual puede acceder toda la población. Esta entidad tiene el deber de dar respuesta a todas las quejas y sugerencias.

"Para elevar la profesionalidad de los funcionarios, de manera especial en la base, se implementa una estrategia de capacitación que incluye cursos básicos a juristas, así como talleres y reuniones municipales de superación".

Por su parte, Olga Lidia Pérez Díaz, directora de Notarías y Registros Civiles del Ministerio de Justicia, afirmó que ese organismo ha realizado encuentros conjuntos de revisión interna con otras entidades implicadas en la aplicación de este decreto, como el propio INV y el Instituto de Planificación Física, las cuales tienen como principal desafío la necesidad de sistematizar el trabajo a nivel de base, en las notarías, los arquitectos de la comunidad y otras entidades adscritas a las direcciones municipales de la Vivienda.