La suerte está echada y nada puede hacerse para evadir la
pregunta que flota en el ambiente: ¿Portugal es un negocio o una
democracia? Para el Gobierno y sus satélites, Portugal es un
negocio. A pesar del escándalo de las contribuciones a la Seguridad
Social (TSU)(1), la confiscación de un salario más a los
trabajadores portugueses y su transferencia a los empresarios, lo
más grave e irreversible que está sucediendo tiene que ver con las
privatizaciones y los negocios internacionales que estas propician.
El intermediario de estos negocios se llama Antonio Borges, un
agente opaco, como todos los agentes-sombra. Al contrario de lo que
parece, no es un intermediario neutral y mucho menos un atento
cuidador de los intereses nacionales. Es un agente de Goldman
Sachs con pasaporte portugués. Su principal negocio es la venta
de activos nacionales a precio de saldo, aunque también está
interesado en entregar a Monsanto la producción agrícola transgénica
y a otras multinacionales los recursos naturales del país. Si
tuviera el poder y la oportunidad, este hombre causaría un daño
inmenso a Portugal.
Este es el primer peligro al que los portugueses se enfrentan. El
segundo es tratar de neutralizar el primero a través de la dimisión
del actual Gobierno y del nombramiento de un gobierno de salvación
nacional liderado por un tecnócrata, tipo Lucas Papademos en Grecia
o Mario Monti en Italia. Los portugueses están en la calle tras el
estado de shock en el que otra dosis de medidas de austeridad
los sumió. Como los griegos y los españoles, se están dando cuenta
de que estas medidas dan resultados opuestos a los que proclaman y
no ofrecen otra alternativa que medidas aún más gravosas.
En vista de ello, el Gobierno, con su indescriptible
insensibilidad social, ha perdido apoyo y legitimidad entre los
portugueses. El país pronto podría volverse ingobernable. Los
portugueses están en una situación de emergencia que puede situarlos
más allá de la división entre izquierda y derecha, lo que, sobre
todo en el contexto portugués, es preocupante. La tentación puede
ser buscar garantizar la estabilidad a toda costa, recurriendo a un
gobierno de salvación nacional. No funcionará, como no funcionó en
Grecia (en Italia se hizo antes de la troika y el resultado es
incierto). El nuevo Gobierno dará continuidad al memorando de la
troika y los problemas de fondo volverán con la misma intensidad.
La solución a estos peligros tiene que venir de dos ejercicios
normales, pero exigentes con las instituciones democráticas. Lo
quiera o no, el Presidente de la República estará en el centro de
ambos. El de más corto plazo está relacionado con el próximo
presupuesto general que, si contiene las medidas anunciadas, será
ciertamente inconstitucional. Compete al Tribunal Constitucional (TC)
hacer ese control a solicitud de una fiscalización preventiva. Si el
TC opta por la inconstitucionalidad, Borges, Gaspar(2) y
sus acólitos tendrán que prestar cuentas ante sus patrones
internacionales, pero los portugueses sabrán que es bueno tener
tribunales independientes y que ello solo es posible en democracia.
Y también quedará patente que las instituciones no se dejarán
chantajear por los golpes bajos de la troika, que no ha dispuesto el
último tramo de financiamiento hasta la discusión del presupuesto, a
pesar de haber aprobado el desempeño del Gobierno.
El segundo ejercicio son las elecciones anticipadas. Más tarde o
más temprano, los portugueses deberán ser llamados a pronunciarse
sobre la actual situación del país y las propuestas de gobierno
sometidas al sufragio. Con todo, las instituciones europeas ven con
preocupación el aumento de la protesta social en la zona euro y
recomiendan la renovación de los consensos. La misma troika reclama
que su recetario cuente con apoyo social. ¿Pero existe consenso en
cuanto a la continuidad de la austeridad inscrita en el memorando?
No hay otro modo de saberlo en democracia que no sean las
elecciones.
Esta solución es particularmente exigente porque las elecciones
solo tendrían sentido si los partidos estuvieran preparados para
ellas y tuviesen soluciones creíbles para el descalabro al que este
Gobierno condujo al país. Dos condiciones parecen indispensables.
Por un lado, un entendimiento de convergencia con incidencia pre o
poselectoral entre el Partido Socialista (PS), el Bloco de Esquerda
(BE) y el Partido Comunista Portugués (PCP); o, si ello no fuese
posible, entre el PS y uno de estos dos últimos. Por otro lado,
bases programáticas de convergencia que muestren a los portugueses
las posibilidades concretas de recuperar la dignidad del país.
Irónicamente, la segunda condición, más compleja, es la que más
avanza en este momento, plasmándose en la amplia convergencia de
fuerzas democráticas que sustentan el próximo Congreso Democrático
de las Alternativas y en las bases programáticas que de él pueden
surgir. Los partidos tendrán ahí una buena base de trabajo.
Ambos ejercicios presuponen la desobediencia democrática al
memorando de la troika pues, como he venido sosteniendo, la
democracia portuguesa no sobrevivirá a su pleno cumplimiento.
(Tomado de Rebelión)
Notas: