BELGRADO, 14 junio.— El fiscal serbio para crímenes de guerra, Vladimir Vukicevic, sostuvo hoy que en Kosovo y Metohia obstruyen la investigación sobre el tráfico de órganos de sus connacionales secuestrados, lo cual impide procesar a los culpables.

Los hallazgos del relator especial del Consejo de Europa, Dick Marty, y el caso de extirpaciones forzosas en la clínica Medicus, de Pristina, abrieron los ojos a la opinión pública mundial, pero la política puede inmiscuirse en la indagación, afirmó.

Vukicevic observó que el temor de las familias de las víctimas ante la posibilidad de que no se imponga la justicia aumentó después que el jefe del equipo investigador de la Unión Europea, Clint Williamson, dijo que la indagación concluirá en dos o tres años.

Consideró de máxima importancia la decisión tomada recientemente por el parlamento albanés de que la comisión Williamson pueda investigar en el territorio de ese país.

Ese es un gran paso de avance porque muchas de las pistas de estos crímenes conducen precisamente a Albania, aseguró el fiscal citado por Radio Serbia Internacional.

La denuncia de Vukicevic coincidió con el inicio de excavaciones en Zilivode, cerca de Obilic, en Kosovo y Metohia central, donde se sospecha fueron enterrados los cuerpos de 26 serbios kosovares asesinados.

Diversos testimonios coinciden en que a 25 metros de profundidad, en una mina de carbón, yacen los restos de esos desaparecidos, entre quienes cuentan nueve obreros secuestrados en la mina Belacevac en 1998.

Investigadores de Serbia y Kosovo sobre desaparecidos y expertos de la Misión Europea de Policía y Justicia en apoyo a las autoridades de Kosovo (EULEX) planean extender la búsqueda de fosas comunes hasta las regiones de Pec, Djakovica,Klina, Prizren, Mitrovica y Podujevo.