BOGOTÁ, 8 junio.— Dos exfuncionarios colombianos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta) fueron condenados hoy a seis años de prisión cada uno por su responsabilidad en el sonado escándalo de espionaje ilegal.

Las penas recayeron sobre Luz Marina Rodríguez, exdirectora general operativa del DAS, y Bernardo Murillo, exjefe anticorrupción de la desaparecida entidad, en calidad de culpables por el delito de prevaricato por acción.

Ambos, de acuerdo con la justicia, incurrieron en tal conducta punible por seguimientos ilegales efectuados entre 2005 y 2008, a congresistas, magistrados y líderes sindicales.

No obstante, los exfuncionarios fueron absueltos de los cargos de concierto para delinquir, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones, aunque la decisión fue apelada por el ente acusador.

Asimismo, el Juzgado concluyó que tanto Rodríguez como Murillo conocían las actividades ilegales del DAS para espiar a magistrados de la Corte Suprema, así como a los entonces senadores Piedad Córdoba y Gustavo Petro, actual alcalde de Bogotá.

La Fiscalía sostuvo que tales seguimientos tuvieron como propósito desprestigiar a altos funcionarios del Estado adjudicándoles supuestos nexos con el narcotráfico y organizaciones armadas ilegales.

El DAS, por entonces subordinado directamente a la Presidencia, protagonizó durante el gobierno del hoy expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) uno de los escándalos más sonados en la historia reciente del país.

Magistrados, políticos, exfuncionarios, opositores, periodistas, activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales fueron objeto de espionaje ilegal por parte del controvertido organismo de inteligencia.

Un complot que a lo largo del tiempo se ha ido despejando e involucró a Uribe directamente y a varios funcionarios de su administración, entre ellos muy cercanos colaboradores suyos.

Hasta el momento las evidencias, testimonios y confesiones demuestran que el DAS tenía entre sus principales objetivos -por medio de interceptaciones y seguimientos ilegales- desacreditar y atacar a ciudadanos e instituciones de relevancia nacional.