Al menos siete miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.)
están implicados hoy en el asesinato de un adolescente, muerto por
su supuesta negativa a acatar una orden de un retén de la llamada
Operación Relámpago.
La denuncia presentada ante el Ministerio Público asegura que
Ebed Jaasiez Yánez, de 15 años de edad, fue seguido y acribillado
por los militares tras desatender la orden de parada emitida por los
alistados en la referida operación, iniciativa gubernamental
orientada a enfrentar la ola de violencia en el país.
Los encartados integraban el comando militar de guardia ese día
en el lugar del crimen, por el sector capitalino de Villa Vieja, y
andaban en el vehículo presentado como prueba acusatoria, demostró
la revisión de la bitácora del cuerpo armado.
El ministro de Defensa, Marlon Pascua, coordinó de forma oficial
el procesamiento de los siete sospechosos pero precisó que todavía
no dan por hecho su culpabilidad en el asesinato. Incluso, estos
siguen en sus puestos, acotó el diario La Tribuna.
Pese a este hecho y a las múltiples quejas de los maltratos
cometidos por policías y militares contra la ciudadanía durante la
Operación Relámpago, esta continuará para recuperar la seguridad, de
acuerdo con el ministro.
También el director general de la Policía Nacional, Juan Carlos
Bonilla, adelantó este jueves que reforzarán las acciones conjuntas
con las FF.AA., como parte de esa estrategia, implementada desde
noviembre de 2011.
La Operación Relámpago, reactivada en marzo último en el Congreso
Nacional, incluye retenes y patrullajes en el interior de las
colonias o barrios capitalinos, inspecciones a los ciudadanos que
utilizan el transporte público y detenciones en caso de sospechas.
Su ejecución respondió al escándalo desatado contra la
institución policial por el supuesto vínculo de agentes con el
crimen organizado y la implicación de varios de ellos en diversos
asesinatos de civiles.
Honduras posee la tasa de homicidios más alta del mundo -86.5 por
cada 100 mil habitantes-, cifra superior a la tasa mundial de 8.8
establecida por la Organización Mundial de la Salud (2000), apuntó
Prensa Latina.
Casa Alianza, agrupación defensora de los derechos de los menores
de 23 años, denunció que en medio de esa situación es marcada la
criminalidad contra infantes y jóvenes: desde 1998 a marzo de 2012
asesinaron a mil 315 de ambos sexos, precisó.
Desde el ascenso al poder del presidente Porfirio Lobo, las
cifras anuales de crímenes contra este sector rebasaron las dos mil
92, cifra que casi duplicó la mil 19 registradas bajo el mandato de
Carlos Flores (1998-2002) y las mil 976 contabilizadas en el
gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006).