Alumnos de escuelas normalistas guatemaltecas fueron reprimidos hoy por fuerzas especiales de la policía en esta capital, donde protestaban por una medida del Ministerio de Educación por ellos rechazada.

Bombas lacrimógenas lanzaron los antimotines contra los manifestantes en el puente El Incienso, tristemente célebre en la ciudad por ser escenario habitual de suicidios.

A la orden del ministro de Gobernación, Mauricio López, presente en el sitio, los agentes arremetieron incluso con gas pimienta contra los estudiantes, quienes respondieron con palos, piedras y cuanto objeto tenían a mano para defenderse.

López aseguró que se emitirán órdenes de captura contra los promotores de esos actos, según reportes periodísticos.

Al menos 200 alumnos de escuelas normalistas capitalinas bloquearon el puente en la continuación de acciones iniciadas el mes pasado, cuando las autoridades educativas del país decretaron una reforma a la carrera magisterial.

Los inconformes repudian la intención oficial de modificar esa especialidad mediante el reemplazo por un bachillerato con orientación hacia ese sector durante dos años, más un título universitario adquirido con tres más de cursos.

Entonces anunciaron que no depondrán su actitud hasta la anulación completa por parte de la cartera de la enseñanza de ese cambio, el cual argumentan afectará su economía y avance profesional.

Fuentes médicas dijeron haber atendido a cuatro adolescentes y dos adultos (padres de los estudiantes sumados) con síntomas de intoxicación por los gases lanzados en el escenario del enfrentamiento.

Además, los cuerpos de socorro indicaron que asistieron al menos a otras cinco personas afectadas en el propio lugar, entre ellos algunos periodistas, afirma en su edición digital el diario Siglo21.

En principio, agrega, las autoridades trataron de disuadir a los protestantes para desalojar el lugar, pero la situación se fue volviendo tensa ante la negativa hasta desembocar en la violenta confrontación iniciada por los policías.

La protesta fue declarada ilegal por el titular de la cartera del Interior, quien alegó que impedía la libre locomoción, advirtió Prensa Latina.