Actualizado 7:00 p.m. hora local

Denuncian que protestas buscan desestabilizar
al gobierno boliviano

Los conflictos sociales que vive Bolivia solo tienen el objetivo de convulsionar al país y desestabilizar al Gobierno, denunció hoy el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez.

Pérez alertó de la presencia de "una mano negra" detrás de los grupos involucrados en las protestas y acusó a los partidos de centro derecha, entre ellos el Movimiento Sin Miedo y a Unidad Nacional, como los inspiradores de esas acciones.

También involucró a los líderes indígenas Adolfo Chávez y Rafael Quispe entre quienes persiguen debilitar, desgastar y desestabilizar la administración del presidente Evo Morales.

"Solo me queda repudiar los actos de provocación, de violencia y agresión, contra los policías y considero que son alentados políticamente por una mano negra, por grupos que tienen el interés de convulsionar al país", insistió el viceministro.

Al mismo tiempo denunció la existencia de un plan de acción contra el Gobierno, que involucra a los médicos, a los universitarios y a los obreros, quienes son alentados y apoyados por la oposición.

Según Pérez, la oposición organizó las marchas de protesta y los bloqueos de las carreteras en La Paz, Oruro, Tarija, Santa Cruz, Potosí, Pando y El Alto.

Por otra parte, recordó que los policías de esos sitios fueron atacados con piedras, tomates, huevos, orine y explosivos, y recalcó que la población es testigo de esos hechos.

Pérez insistió en que la policía intenta persuadir y disuadir, pero los manifestantes provocan a las fuerzas del orden para generar anarquía y convulsionar al país. "La Policía lo único que hace es cumplir con su misión constitucional y resistir los bloqueos y movilizaciones violentas y agresivas de los manifestantes que atentan contra la libre locomoción de la ciudadanía", insistió.

El viceministro de Régimen Interior y Policía condenó los hechos ocurridos en Santa Cruz, donde el jefe del puesto policial fue secuestrado y golpeado con brutalidad por los manifestantes.

Por último, ratificó que el Gobierno respeta los derechos establecidos en la Constitución, la cual garantiza marchas, protestas, huelgas, pero recordó que nadie tiene el derecho de impedir la libre circulación de las personas, informó PL.

 

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