El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, propuso al Consejo
de Seguridad la imposición de sanciones y el despliegue de una
fuerza militar contra los golpistas que controlan el poder en Guinea
Bissau, se informó este viernes en Naciones Unidas.
Ambas opciones están contenidas en un informe presentado por el
titular de Naciones Unidas al órgano de 15 miembros encargado de los
asuntos de la paz y la seguridad internacionales y que será
analizado el próximo lunes, reporta Prensa Latina.
El documento sugiere esas dos medidas en caso de fracasar la vía
de la mediación para una negociación entre las partes nacionales en
busca de una solución pacífica de la crisis, iniciada ya por la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao).
Con respecto a las sanciones, Ban Ki-moon apunta que esa
posibilidad ha sido analizada por la Cedeao, la Unión Africana y la
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y subraya que el Consejo de
Seguridad también puede considerar esta opción.
El máximo responsable de la ONU incluye como una última opción el
despliegue de una fuerza de estabilización o de mantenimiento de la
paz, propuesta en una carta que le envió hace dos semanas el
depuesto primer ministro, Carlos Gomes Júnior.
La misión de ese contingente será mantener la paz y la seguridad,
asegurar el orden constitucional, proteger las instituciones, las
autoridades legítimas y la población, asegurar la conclusión del
proceso electoral y ayudar a la reforma del sector de la seguridad.
Esta opción tendría que ser evaluada y examinada con cuidado en
el caso de que todas las anteriores no lograsen el objetivo de
devolver el país al orden constitucional, dice el informe.
En su análisis sobre la situación en Guinea Bissau, Ban Ki-mon
agrega que la junta militar sigue manteniendo su intransigencia y
asegura que la situación política, de seguridad, de derechos humanos
y socioeconómica del país está empeorando.
Y alerta al Consejo de Seguridad sobre la urgencia de atender el
problema del tráfico de drogas en Guinea-Bissau, al precisar que los
dirigentes políticos y militares se han acusado mutuamente de estar
involucrados en el tráfico ilegal de estupefacientes .
El informe también responsabiliza a los militares golpistas por
casos de violaciones de los derechos humanos, como detenciones
arbitrarias, maltratos, restricciones a la seguridad personal y las
libertades de expresión, circulación y reunión.