JACINTO GRANDA*

El enfrentamiento de las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado y las actividades delictivas de este constituyen hoy el episodio más estremecedor de la sociedad mexicana.

A pesar de la militarización, en el último lustro unos 50 mil mexicanos han muerto a causa de la ola criminal.

Los espacios noticiosos del país cotidianamente revelan contundentes golpes a esos grupos punibles con la captura de numerosos cabecillas e integrantes, así como la ocupación de armamentos y demás recursos de estos.

Entre los éxitos que destaca el Gobierno en su haber está que de los 37 criminales más buscados desde el 2009, 22 ya fueron arrestados o cayeron en enfrentamientos, sea con otros delincuentes o durante sus capturas.

Pero, a pesar de esos resultados de las autoridades, las agresivas bandas de narcotraficantes no cesan su actividad criminal, a la cual sumaron otros delitos, como el narcomenudeo, la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el robo.

Con esta diversificación se intensificó notablemente la presencia transgresora en el país, particularmente las luchas sangrientas entre esos grupos por el control de los territorios, con frecuentes pasajes de matanzas entre ellos, en las cuales también resultaron víctimas personas ajenas.

Entre los protagonistas principales de esos enfrentamientos, caracterizados por su muy alto nivel de crueldad, se destacan los Zetas, el cártel de Sinaloa, Los Arellano Félix, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, así como grupos de sicarios afines a estos.

De ellos, los más poderosos son Los Zetas, que mantienen su presencia en 17 estados, y el cártel de Sinaloa, el cual opera en 16 territorios.

En una muestra de la ferocidad de esas confrontaciones entre los bandidos, la ciudadanía se conmocionó con la noticia de la aparición en Veracruz, en dos días de septiembre pasado, de sendos asesinatos múltiples con un total de 67 víctimas.

Otro caso es el del pistolero de los Zetas, Enrique Aurelio Elizondo Flores, alias El Árabe o El Güero, capturado en enero pasado, a quien se le achacan por lo menos 75 asesinatos entre enemigos y no implicados.

Una de las grandes limitaciones en el combate al crimen organizado es la incapacidad de entidades locales, principalmente policíacas, en muchos casos atemorizadas, penetradas o sobornadas por el narcotráfico.

Ante esa situación, el Gobierno Federal envió efectivos del ejército, la marina y la policía a los territorios con mayor criminalidad, que integran unos 45 mil militares.

Como componente significativo de dicha ofensiva, a fines del año pasado se iniciaron las operaciones especiales denominadas Seguro en los violentos estados de Veracruz, Guerrero y la Comarca Lagunera.

Las fuerzas federales se incorporaron a las tareas de vigilancia, custodia, inteligencia y captura del crimen organizado. Los primordiales delitos que combaten son el homicidio, el narcotráfico, el robo, el secuestro, la extorsión y la trata de personas.

Durante el quinquenio del actual gobierno, 2 268 criminales murieron, 348 resultaron heridos y 2 180 más fueron detenidos, solamente durante combates con el ejército, informó recientemente la Secretaría de la Defensa Nacional.

En esos choques armados también cayeron 126 militares y otros 744 fueron heridos.

De acuerdo con las valoraciones oficiales, durante el 2011 se propinaron numerosos reveses a los cárteles y demás grupos delictivos, que los debilitaron grandemente o desarticularon, como resultado principalmente de esas operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, diversas agrupaciones políticas y sociales objetan la estrategia anticrimen del Gobierno, con el argumento de que el ejército y la marina no están concebidos ni preparados para realizar misiones policíacas y engendran una mayor violencia con su actuación.

Arguyen al respecto que en este lustro se calcula la muerte de unas 50 mil personas en la ola criminal que azota al país, mientras que la delincuencia prosigue indetenible con su agresividad y fechorías.

Por otra parte, otro criterio aquí muy compartido es que además del enfrentamiento directo al crimen organizado, se hace imprescindible avanzar mucho más en la prevención y erradicación de sus causas.

Representantes de casi todas las tendencias, incluyendo al propio Gobierno, coinciden en que también hay que realizar cambios estructurales en el país.

Entre estos, mejorar la educación, las oportunidades a la juventud, el nivel de empleo, el desarrollo económico y el componente social, cuyas carencias favorecen de manera sustancial al auge delictivo.

Expresión de esa urgencia es que de los 36 millones 200 mil jóvenes mexicanos de 12 a 29 años de edad, siete millones 819 mil ni tienen empleo ni asisten a la escuela, quienes son así una fuente prioritaria de "carne de cañón" para el crimen organizado.

Un documento de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, comunicó que últimamente por lo menos 23 mil jóvenes han sido reclutados por las organizaciones criminales.

Otro argumento generalizado en el país es que Estados Unidos debe combatir con mucha mayor eficacia su enorme demanda de drogas y el cuantioso tráfico de armas para los delincuentes.

Ambas realidades foráneas están entre las principales causas de la criminalidad y la violencia y son el sostén fundamental de esas bandas en México.