Los maestros madrileños iniciaron hoy su séptima huelga en poco
más de un mes contra los recortes en educación decretados por la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, del derechista Partido
Popular (PP).
A la protesta en defensa de la enseñanza pública están convocados
los docentes de los colegios de instrucción primaria y secundaria,
según los sindicatos del sector.
Junto a la convocatoria de este jueves, las asociaciones
gremiales programaron este mes otras dos jornadas de paro, los días
17 y 23, en protesta por el incremento del horario lectivo de 18 a
20 horas semanales.
La principal destinataria de la paralización de actividades es la
mandataria de la Comunidad de Madrid, quien decretó una poda de 80
millones de euros en la enseñanza pública y fue acusada de
beneficiar la instrucción privada, señaló Prensa Latina.
Aguirre pretende que los maestros impartan 20 horas lectivas en
lugar de las 18 establecidas, lo cual provocará, denuncian los
sindicatos, la pérdida de tres mil empleos, la eliminación de clases
de apoyo o de algunas materias y cursos ante la falta de pedagogos.
A principios de septiembre las asociaciones gremiales anunciaron
un calendario de movilizaciones contra la poda presupuestaria en
educación aplicada por las administraciones de varias comunidades
autónomas de España, en su mayoría gobernadas por el PP.
De acuerdo con el magisterio, los recortes rondan los dos mil
millones de euros y dejarán sin empleo a unos 15 mil educadores
interinos, además de repercutir negativamente en la calidad de la
enseñanza.
Bajo la presión para reducir costos, se les está ordenando a los
pedagogos pasar más horas en las aulas, lo cual significa que miles
de maestros de apoyo serán despedidos, sostienen las centrales
obreras.
Desde el inicio del curso escolar, el pasado 20 de septiembre, se
registraron, con la de hoy, siete huelgas, cuatro manifestaciones y
varias concentraciones y actos de protesta de docentes, asociaciones
de padres y alumnos contra los ajustes emprendidos por Aguirre.
La crisis económica no puede ser coartada para transferir
recursos del Estado hacia la iniciativa privada, advirtieron en un
manifiesto los sindicatos y asociaciones de padres convocantes de
una multitudinaria manifestación realizada en esta capital el 22 de
octubre último.
Reclamaron que se retire de inmediato el castigo a la educación
pública y, en lugar de decapitar programas y reducir plantillas, se
busquen fórmulas para aumentar la inversión y se recorten los
enormes gastos suntuarios de las administraciones.