El gobierno Bolivia envió hoy una comisión encabezada por el canciller, David Choquehuanca, en un nuevo intento de diálogo con marchistas indígenas que rechazan la vía que unirá a las regiones de Cochabamba y Beni.

De acuerdo con el ministro de Comunicación, Iván Canelas, la iniciativa del Ejecutivo tiene lugar en medio de maniobras de los líderes de la caminata que impulsa la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) para esquivar las pláticas.

Canelas precisó que el jefe de la diplomacia boliviano espera reunirse con dirigentes de la movilización en la localidad amazónica de Limoncito, y a la comitiva se pueden incorporar cuantos ministros de Estado soliciten para llegar a acuerdos.

Los originarios estiman que la vía que pasaría por el Parque Nacional Isiboro Sécure dañará el medio ambiente y la biodiversidad, mientras el gobierno estima que traerá desarrollo a la región como parte de una política integracionista, advirtió Prensa Latina.

La autoridad precisó además que la presencia de la Policía en el poblado de Yucumo, en el curso de la caminata, es para evitar enfrentamientos entre los que rechazan la vía y una gran cantidad de habitantes de la zona que reclaman ese camino.

Por otra parte, señaló que el gobierno determinó enviar agua a los marchistas, que se quejaron de falta de ese líquido y de que se les había impedido acceder a algunos arroyos.

La víspera, el ministro del Interior, Sacha LLorenti, denunció los vínculos del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada con la caminata.

Llorenti precisó que se trata de Jaime Aparicio, viceministro de Relaciones Exteriores entre 1993 y 1997, durante el primer mandato de Sánchez de Lozada, además de desempeñarse como canciller interino.

Al exdiplomático, dijo, correspondió la tarea de presentar una carta sobre la protesta en torno a la carretera que unirá al occidente y el oriente bolivianos.

La misiva, a nombre de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) fue entregada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Estados Unidos.

Durante el segundo gobierno de Sánchez de Lozada (2002-2003), Aparicio fue embajador de Bolivia en Estados Unidos y actualmente reside en Washington donde tiene un bufete de abogados, agregó.

Junto a Aparicio residen en el norteño país el propio Sánchez de Lozada y sus exministros de Defensa y de Economía, Carlos Sánchez y Jorge Berindoague, respectivamente, prófugos de la justicia y acusados de delitos de lesa humanidad por la masacre de octubre de 2003.

En esa fecha Sánchez de Lozada indicó reprimir violentamente con militares a una manifestación social, que tuvo saldo de 68 muertos y más de 400 heridos.

La revuelta lo obligó a dimitir y huir del país hacia Estados Unidos y, junto con él, varios de sus más estrechos colaboradores.

Llorenti afirmó que la representación de la firma de abogados de Aparicio Otero a favor del Cidob es clara muestra de los vínculos de los dirigentes originarios y los representantes de la administración de Sánchez de Lozada.

El objetivo de esa misiva, opinó, es que la Organización de Estados Americanos (OEA) impulse una intervención en Bolivia.