YAIMA PUIG MENESES

Un día almacenaron elementos prefabricados de hormigón; otro dejaron un poco de tierra, escombros, restos de poda de árboles; al mes siguiente comenzaron a aparecer sobras de comida, latas vacías, pomos, cartones¼ Y así, a la vista de todos, el terreno comenzó a llenarse de "cosas".

Ahora el solar yermo muestra una imagen completamente diferente a la de meses atrás.

La historia podría ubicarse en cualquier lugar del país. Pero esta sucedió en un solar yermo ubicado en la calle 17-A, entre 206 y 216, Reparto Siboney, Playa, provincia de La Habana, y que desde 1991 es utilizado regularmente por una entidad estatal como área de apoyo en el proceso inversionista.

Sin embargo, en el transcurso de estos años, ni la Dirección Administrativa de ese centro, ni la empresa constructora que actúa como contratista de la inversión, tuvieron entre sus prioridades mantener la "vista" sobre este terreno. Ello provocó que desde el 2010, poco a poco se convirtiera en un "basurero" de uso público, afectando no solo la higiene y la imagen del sitio y su entorno, sino también el cumplimiento de las regulaciones urbanísticas.

¿OÍDOS SORDOS?

Meses atrás, un requerimiento realizado al contratista sobre la descontrolada situación, motivó un compromiso de cercar el área para impedir la entrada de personal ajeno a la institución. No obstante, ello solo ocurrió a medias, y un buen día, volvió a aparecer una brecha para la indisciplina social.

Mientras, ninguno de los directivos responsabilizados con el área de inversiones, ha sido capaz de explicar cómo llegaron allí los desechos. "Casi todos los días paso por ahí, pero no entro. Ese terreno lo solicitamos para una futura ampliación de la planta, y por ahora solo lo empleamos como un depósito de materiales", señala el director administrativo del centro.

Y agrega: "Casi siempre prestamos más atención a la producción que a otras áreas. Con este terreno cometimos el error de no tenerlo entre nuestras prioridades".

Resulta irónico, pero es cierto. No solo los habitantes de áreas urbanas o rurales de nuestro país infringen las regulaciones urbanísticas, también lo hacen numerosas instituciones estatales a las que no siempre se les exige por ello o no toman plena conciencia de su indisciplina. Al igual que a la población, también se le debe "pedir cuentas" a empresas, funcionarios o entidades, y aplicarles multas u otras medidas correctivas cuando violen la Ley o las regulaciones vigentes.

¿Dónde han estado durante todos estos meses las personas e instituciones que deben exigir por el cumplimiento de lo establecido? Jamás la entidad estatal fue multada por ello. ¿Acaso puede una empresa u organismo tener jurisdicción sobre parcelas de tierra y ni siquiera sentirse responsable por lo que allí pueda suceder? ¿Quién vela entonces por el cuidado del patrimonio estatal?

Lamentablemente, en el transcurso de los últimos años, las normas y regulaciones para el ordenamiento territorial han ido quedando solo para emborronar cuartillas y las medidas aplicadas resultan pequeñas ante el actual "relajo" urbanístico existente, sin que se ejerza una verdadera labor preventiva en las comunidades.

¿QUIÉN FRENA LA IRRESPONSABILIDAD?

Esa es la historia reciente, la de hace unos años también acaba de desempolvarse "como por arte de magia" ante muchos incrédulos. Resulta que el mencionado terreno ni siquiera es legalmente propiedad de la institución, la cual, aun así, al hacer uso del mismo tiene la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para mantener allí el orden y la legalidad. Al transcurrir el tiempo, lo transitorio pasó a ser permanente, y ninguna dependencia de Planificación Física emitió para este solar baldío una microlocalización, documento que señala si el sitio es adecuado o no para ejecutar la inversión prevista.

Tampoco consta en ningún archivo, documento legal alguno que autorice el uso de ese espacio, ni para almacenar materiales ni para construir en el futuro otra planta. Solo a mediados de 2009 fue solicitada oficialmente el área ante la Dirección Provincial de Justicia de La Habana. Y como si fuera poco, desde mayo de 2010 y hasta hace unos días, el expediente correspondiente al solar —ya asignado al centro—, permaneció engavetado a la espera del representante de la entidad para ser inscrito en el registro de la propiedad.

¿Cómo es posible que una institución emplee durante dos años un pedazo de tierra por el que jamás se le han exigido responsabilidades? ¿Dónde estaban todo este tiempo, inspectores, dirigentes administrativos, instituciones de Gobierno¼ ? ¿Dónde estaban los especialistas encargados de que ningún terreno se adjudique a una persona o institución para construir en él sin antes emitir la referida microlocalización?

Si bien corresponde a las estructuras de inspección del Gobierno y a las instituciones estatales velar por la legalidad, el sistema de Planificación Física, en cualquiera de sus entidades, está obligado a exigir por el cumplimiento de lo regulado, en aras de posibilitar un ordenamiento urbano y territorial de máxima calidad. La impunidad solo trae consigo mayores indisciplinas y desorganización.

Nada justifica la ilegalidad. Para restablecer el orden constructivo y urbanístico es necesario tomar medidas de control que realmente conduzcan a que cada quien se responsabilice con sus actos, y en primer lugar, quienes deben cumplir con ello son las propias administraciones.

Lo narrado en estas líneas apenas constituye un pálido reflejo de las violaciones e indisciplinas sociales que suceden a lo largo y ancho del país. Sobre ellas, Granma continuará publicando en próximas ediciones.