La economía no se ha recuperado todavía de las acciones irresponsables cometidas en Wall Street con el dinero de inversionistas y ahorristas. A menos de un año de haberse aprobado un paquete de regulaciones para evitar la repetición de estos hechos, los legisladores republicanos creen que son los banqueros los que necesitan la protección del Congreso y no el público. Piensan que el lobo es quien merece ser defendido de la reacción de las ovejas, cansadas de ser víctimas indefensas.

La hecatombe financiera fue construyéndose durante décadas de instrumentar filosofías desregulatorias, en que supuestamente los varios intereses del mercado se vigilaban entre ellos para evitar los excesos. El fracaso de ello fue la pérdida de billones de dólares en la economía y la Gran Recesión.

El año pasado el Congreso aprobó la reforma financiera Dodd-Frank, que impuso controles en Wall Street y creó la Oficina de Protección Financiera al Consumidor. A partir de ese momento los legisladores republicanos han hecho todo lo posible para diluir y sabotear el nuevo ente regulatorio, llegando a exigir cambios de fondo como condición para aprobar a la directora de esta Oficina, Elizabeth Warren, designada por la Casa Blanca.

Los republicanos quieren quitarle poder a la Agencia, reemplazando la función de un director con poder regulatorio, por una tibia junta de reguladores, y cambiando el sistema de financiamiento establecido por la ley. Ellos quieren que dependa directamente de los fondos que le dé el Congreso en vez de tener una asignación independiente similar a otros reguladores bancarios, tal como lo exige la nueva ley financiera.

Esta intención no goza de gran popularidad entre los estadounidenses, que según los sondeos de opinión, creen que Wall Street tiene una influencia demasiado grande en el Congreso. Por eso, una inocente medida que respalda proyectos de desarrollo económico en el Senado, es el vehículo para tres enmiendas que buscan dañar y hasta eliminar la nueva agencia de protección al consumidor.