El líder indígena peruano Walter Aduviri emplazó hoy al gobierno a atender la demanda de erradicar la actividad minera y petrolera de las provincias limítrofes con Bolivia, tras revocarse una orden de detener al dirigente, reportó Prensa Latina.

Aduviri señaló que el presidente Alan García y la primera ministra Rosario Fernández tienen que resolver la protesta de las comunidades aimaras fronterizas, que mantienen cerrada por una larga huelga la principal carretera entre Bolivia y Perú.

Señaló que el gobierno tiene vigencia hasta el 28 de julio cuando asumirá el presidente electo, Ollanta Humala-, por lo que debe resolver la protesta que, según dijo, busca preservar de la contaminación a la agricultura, la ganadería y el binacional lago Titicaca.

Dijo esperar que Fernández lo reciba tras haberse superado la crisis planteada por una operación policial lanzada el miércoles último para detenerlo cuando salía de una entrevista en un canal de televisión de Lima.

Aduviri se negó a acatar el arresto, con el apoyo de unos 300 aimaras llegados con él a la capital para dialogar con las autoridades, que no los recibieron, aunque la primera ministra dijo estar dispuesta al diálogo.

El dirigente se refugió en la televisora y permaneció allí más de 34 horas, argumentando la ilegalidad de la orden de detención y la necesidad de evitar una reacción de los indígenas que podría tener consecuencias trágicas.

La orden fue consecuencia de una denuncia del Ejecutivo, que le imputa a él y a otros siete dirigentes diversos delitos por disturbios registrados el 23 de mayo en Puno, capital de la región del mismo nombre colindante con Bolivia.

Gestiones de parlamentarios y de la Defensoría del Pueblo hicieron posible que las autoridades judiciales de Puno revoquen la orden de detención, en medio de denuncias sociales y políticas que acusan al gobierno de una conspiración para exacerbar el conflicto.

El ex primer ministro Yehude Simon manifestó ayer la sospecha de que el gobierno saliente exacerba los conflictos o evita resolverlos para crear una crisis social que impida el cambio de administración o deje a su sucesor una situación inmanejable.

Aduviri remarcó que corresponde al actual gobierno resolver la crisis aimara, que se suma a protestas similares de otras provincias de Puno, porque conoce el problema y debe cumplir sus responsabilidades.