SANTA CRUZ DEL SUR.— Justo en ocasión de la jornada por el Día
del Trabajador Jurídico, fueron entregadas totalmente remozadas las
sedes del Tribunal y de la Fiscalía en la localidad camagüeyana, dos
edificaciones que se encontraban en precario estado constructivo y
dificultaban el adecuado desempeño de ambos órganos.
Ello verifica que, a poco más de dos años del paso devastador del
huracán Paloma por este territorio, la voluntad recuperadora de su
pueblo se mantiene en pie, para restañar los daños provocados en más
de 10 000 viviendas y restablecer su infraestructura económica y
social.
El cambio significativo en las condiciones de trabajo de las
entidades fue constatado por Homero Acosta Álvarez, Secretario del
Consejo de Estado; Darío Delgado Cura, Fiscal General de la
República; y Rubén Remigio Ferro, Presidente del Tribunal Supremo
Popular, quienes en compañía de Julio César Rodríguez, máximo
dirigente del Partido en Camagüey, recorrieron las instalaciones.
"Estas obras, comentó Rubén Remigio Fuentes, forman parte del
esfuerzo por fortalecer la institucionalidad, por lo que les
corresponde a los jueces y demás trabajadores del sector jurídico
aprovechar las facilidades creadas para desplegar con eficiencia la
importante labor de ejercer e impartir justicia."
En ello coincidió también Darío Delgado Cura, Fiscal General de
la República, al señalar que se necesita orden y disciplina en la
sociedad para poder materializar los acuerdos derivados del Sexto
Congreso del Partido y los demás programas que contribuirán a la
gradual recuperación económica del país.
Homero Acosta, Secretario del Consejo de Estado, llamó a los
trabajadores del sector a tener siempre presente, en cada una de las
decisiones que deben adoptar, el sentido genuinamente popular de la
justicia cubana, que tiene como paradigma al patriota Ignacio
Agramonte y Loynaz.
Precisamente en su honor fue instituido el 8 de junio como Día
del Trabajador Jurídico, para recordar que en igual fecha, pero de
1865, el joven de 24 años recibió en la Universidad de La Habana la
investidura del grado de Licenciado en Derecho Civil y Canónico con
calificación de sobresaliente.