Pueblos
indígenas de todo el mundo reafirmaron en la ONU principios clave
para la supervivencia y desarrollo de sus comunidades y comenzaron
la preparación para influir en importantes eventos vinculados a esas
necesidades.
La primera y más fuerte ratificación fue la del derecho de esos
conglomerados al llamado consentimiento libre, previo e informado
sobre los problemas que los afectan, como una dimensión fundamental
de la libre determinación, reporta Prensa Latina.
Ese tema encabezó la lista de cuestiones debatidas durante dos
semanas en Nueva York por la décima sesión del Foro Permanente de la
ONU sobre Asuntos Indígenas, con la participación de unos mil 300
representantes de 370 millones de aborígenes del mundo.
Los asistentes rechazaron los intentos de sustituir ese derecho
por una simple consulta y precisaron que el beneplácito indígena
para todo lo relacionado con sus tierras y recursos es conforme a
las normas sobre derechos humanos y jurídicamente vinculante.
Se trata de una prerrogativa que abarca desde el desplazamiento
de esos pueblos de sus tierras y territorios hasta la reparación por
bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que
hayan sido privados.
También es clave para adoptar leyes que afecten a los indígenas,
su reparación por la privación de tierras o recursos, la eliminación
de materiales peligrosos en sus regiones y la aprobación de
proyectos de desarrollo en sus lugares de origen.
El Foro Permanente subrayó que el consentimiento libre, previo e
informado debe darse sin coerción, intimidación ni manipulación y
solicitarse desde el comienzo hasta la autorización final y su
ejecución.
Con esa postura, el cónclave definió líneas de acción de cara a
futuros encuentros internacionales, en particular la Cumbre sobre
Desarrollo Sostenible (Río+20) en junio del año próximo y la
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de 2014.
Sobre esta última, las discusiones de Nueva York saludaron una
iniciativa del gobierno mexicano y del Fondo para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe con vistas a
celebrar en México, en 2012, la reunión preparatoria de la cita
mundial en la región.
En cuanto a Río+20, el Foro Permanente dijo que se trata de una
oportunidad para reafirmar el papel de todos los componentes de la
humanidad, incluidos los pueblos indígenas, y fortalecer su
contribución al logro del desarrollo sostenible, especialmente en un
mundo amenazado por el cambio climático.
En tanto titulares de derechos y gestores de sus ecosistemas, los
pueblos indígenas han contribuido de forma decisiva a la gobernanza
ambiental racional en los planos local, nacional, regional y
mundial, apuntó.
Al mismo tiempo apoyó la celebración en agosto próximo, en Manaus
(Brasil), de una reunión preparatoria de Río+20 y exhortó a la ONU a
respaldar la participación en el proceso de los pueblos indígenas,
incluidos sus dirigentes jóvenes y mujeres.
Otro escenario de negociaciones internacionales en que los
indígenas defienden su actuación es la Convención Marco de la ONU
sobre el Cambio Climático, en todos los aspectos del diálogo
internacional sobre ese fenómeno.
Los representantes de los pueblos originarios saludaron la
aprobación, por la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, de dos indicadores más sobre los conocimientos
tradicionales.
Estos son la situación y tendencias del uso y tenencia de las
tierras en los territorios ancestrales de las comunidades indígenas
y de la práctica de las profesiones tradicionales, como complemento
de los avances sobre los idiomas autóctonos.
El agua fue otro de los puntos esenciales de los debates en la
ONU con una férrea defensa del derecho de los pueblos originarios a
participar en los debates sobre el acceso y uso de ese recurso
natural.
Según datos esgrimidos en la reunión, más de mil millones de
personas sufren escasez de agua potable en el planeta y dos mil
millones 600 mil no tienen cubiertas sus necesidades sanitarias
básicas.
Los pueblos autóctonos todavía son marginados de las discusiones
sobre la administración, políticas y estrategias relacionadas con
los problemas del agua, denunció la neozelandesa Valmani Toki.
En contraste, la dirigente indígena puso el ejemplo de Bolivia,
cuyas autoridades rechazan la privatización de ese recurso y
prohibieron la participación de corporaciones multinacionales en los
servicios de suministro de agua.
Los bosques fueron otro foco de atención del Foro Permanente, el
cual exigió el respeto de los derechos de los pueblos originarios a
la floresta y rechazó la enmienda de las leyes que no son
compatibles con la postura de la ONU en la materia.
La reunión de Nueva York reafirmó también el derecho de las
poblaciones aborígenes al masticado de la hoja de coca como una
práctica cultural y de salud tradicional, reconocida en la
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
adoptada en 2007 por la Asamblea General.
En la misma línea, el Foro Permanente ratificó su reconocimiento
de la quinua como un alimento natural de alto contenido nutritivo y
apoyó una propuesta de Bolivia para declarar un año internacional de
ese grano.
La quinua es un producto originario del lago Titicaca,
proveniente de una planta que data de cinco mil años antes de Cristo
y que además se cultiva en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y
Perú.
En Nueva York los indígenas advirtieron sobre la amenaza que
suponen para sus pueblos enfermedades no transmisibles como la
diabetes, el cáncer y las afecciones cardiovasculares y pulmonares.
Además, reclamaron su derecho a participar de forma más inclusiva
en el proceso de reducción de los riesgos de desastres respetando
las prácticas lingüísticas y culturales de sus pueblos indígenas.