María Luisa Arredondo

La mayoría de las industrias no logra recuperarse aún de los graves estragos que les causó la recesión del 2007. Pero existen sectores que, a pesar de la crisis, han florecido en estos años como si Estados Unidos estuviera en jauja.

Por ejemplo, el de las empresas privadas que operan centros de detención y cárceles. Estas compañías han crecido de manera impresionante gracias a que los políticos no han tenido empacho alguno en aprobar cada vez más fondos para encarcelar a todos aquellos que supuestamente son una amenaza para la sociedad.

Estados Unidos se ha convertido así en el país que tiene la tasa más alta de encarcelamiento en el mundo, con 2,3 millones de personas tras las rejas.

Muchos consideran justificada la cifra en nombre de la seguridad pública. Pero desde hace años, los grupos de derechos civiles han denunciado y demostrado que la mayoría de los encarcelados lo han sido por delitos menores, como posesión de droga.

También han denunciado que los latinos y los afroamericanos son detenidos y procesados de manera desproporcionada en comparación con los blancos, no porque sean más proclives a cometer delitos, sino por las fallas en el sistema de justicia que permiten la discriminación hacia las minorías, generalmente sin recursos para pagar por una buena defensa.

Recientemente, las autoridades han enfocado sus baterías hacia otro grupo aún más indefenso: el de los indocumentados. La ola antinmigrante que recorre el país de norte a sur ha fomentado la aprobación de medidas como la SB1070 en Arizona, que detiene y encarcela a las personas sin papeles antes de deportarlas.

El resultado de esta política ha sido un crecimiento desmedido de las compañías privadas que operan los centros de detención y las cárceles para los indocumentados.

Grupos como la Coalición de Derechos Humanos de Arizona indican que, por el encarcelamiento de indocumentados, el gobierno de ese estado paga la significativa cantidad de 13 a 15 millones de dólares a las compañías privadas.

Según organizaciones civiles como The Detention Watch Network (DWN), que analiza el impacto y la influencia del sector privado en el sistema de detenciones de inmigración en Estados Unidos, las compañías que operan cárceles gastaron más de 20 millones de dólares en cabildeo entre 1999 y el 2009 para que el Congreso apruebe más medidas antinmigrantes.

Poco o nada les importa a los políticos que aprueban estas leyes, así como a los que manejan las prisiones, el sufrimiento de los indocumentados. Estos han dejado de ser personas para convertirse simplemente en números que representan grandes ganancias.

La situación, sin embargo, podría cambiar. No porque de repente estos señores se hayan tocado el corazón, sino porque, ante los elevados costos de mantener llenas las cárceles, finalmente muchos contribuyentes han comenzado a protestar.