El Decreto Ley No.275 de septiembre del 2010, establece que los propietarios podrán arrendar la vivienda, habitaciones —con servicio sanitario propio o sin él— y espacios que sean parte integrante del inmueble, mediante precio libremente concertado, previa autorización de la Dirección Municipal de la Vivienda correspondiente.

El arrendamiento de viviendas y habitaciones tiene como fin el hospedaje, pero también pueden ser empleadas para la realización de actividades por cuenta propia; por ejemplo, para instalar un pequeño taller de costura o una peluquería.

En la práctica quien desea rentar (arrendatario) acude al lugar, observa sus condiciones y acuerda con el propietario o su representante legal (arrendador) diferentes términos, entre ellos, el precio, tiempo del alquiler, uso que se le va a dar, y las obligaciones y derechos de uno y otro.

¿Dónde queda plasmado lo acordado? En ocasiones solo se establece un contrato verbal, pero, la sabiduría popular alerta que "papelitos hablan".

Al respecto la Resolución 305 del 2010, "Reglamento sobre el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios", emitida por el Instituto Nacional de la Vivienda, dispone que el contrato de arrendamiento se realice por escrito entre las partes, en original y copia, siempre que el alquiler sea por un periodo superior a los 30 días.

El contrato debe contener: nombres y apellidos del o los arrendatarios y sus acompañantes, número de carné de identidad o pasaporte de cada uno de ellos, dirección de la vivienda, cuantía del pago y la moneda en que se efectuará, el objeto del arrendamiento —por ejemplo, una habitación, la casa completa, el portal o el garaje—, periodo que abarca el arrendamiento, fecha de confección del documento y cualquier otro aspecto que resulte de interés. El arrendatario deberá conservar una copia de este escrito.

Especifica la legislación que en todos los casos —incluido el acuerdo verbal (alquiler por menos de 30 días)— el propietario hará constar en el Libro de Registro de Arrendatarios los datos de la persona con quien concierta el contrato de arrendamiento, así como los de sus acompañantes, si los hubiera.

Según la Resolución 305, se entiende por acompañante "a cualquier persona natural (ciudadano/a) que se hospeda con el arrendatario en la vivienda, habitación o espacio arrendado por este".

El Decreto Ley 275 precisa que en los casos de contratos de arrendamiento a personas residentes permanentes en el territorio nacional, es de aplicación lo establecido en las disposiciones relativas a la residencia temporal o permanente y todo lo contenido en el Decreto No.217, "Sobre las regulaciones migratorias internas para la ciudad de La Habana y sus contravenciones", y su reglamentación complementaria.

La mencionada normativa no exige la formalización de este contrato en escritura pública ante notario. Sin embargo, queda abierta esta posibilidad que brinda garantía, certeza y seguridad jurídicas a lo acordado, además de poder ser utilizado el escrito como prueba documental.

El Dictamen No.7 emitido en noviembre del 2010 por la directora de Notarías y Registros Civiles, subraya que nada impide que las partes instrumenten el acuerdo de voluntades recogidas en el contrato a través de una escritura pública, previo asesoramiento técnico e imparcial del notario.

Este redactará y autorizará el contrato acorde a los deseos expresos del arrendador y del arrendatario, y sobre la base de lo establecido en la legislación vigente.