La tensión prevalece hoy en la región de Cachemira controlada por
la India, donde las autoridades restablecieron el toque de queda, en
previsión de protestas por la detención de un prominente líder
separatista local, informó Prensa Latina.
La medida restrictiva entró en vigor este martes en Srinagar y en
otros poblados del territorio cachemir, que junto a Jammu integra el
único estado de mayoría musulmana del país, anunciaron fuentes
policiales citadas por la agencia IANS.
Según las autoridades, aunque no hay transporte público y las
escuelas, comercios y demás instituciones permanecen cerrados, está
permitido el movimiento a pie de los pobladores, previa presentación
de una identificación válida.
Masara Alam, secretario general de la Liga Musulmana -una facción
de línea dura dentro de la Conferencia Hurriyat-, fue arrestado ayer
en Srinagar.
Desde hacía cuatro meses era buscado por la policía, que lo
considera uno de los principales instigadores de las protestas
separatistas que han dejado más de un centenar de manifestantes
muertos en Cachemira desde junio pasado.
Alam, un colaborador cercano del octogenario líder de la Liga
Musulmana, Syed Ali Geelani, podría ser trasladado a la prisión de
Jammu, para evitar disturbios en Srinagar, informó IANS.
En Cachemira existen fuerzas políticas que quieren seguir
formando parte de la India, mientras otras luchan por la autonomía,
la independencia o la anexión a Paquistán, que controla una parte
del territorio y reclama la parte administrada por Nueva Delhi.
La semana pasada, el gobierno central nombró a un grupo de tres
mediadores que tienen la misión de entrevistarse con representantes
de todos los sectores políticos de la región, para intentar resolver
de manera pacífica el conflicto surgido con la partición del
subcontinente en 1947.
Geelani ha advertido, sin embargo, que la única solución pasa por
el reconocimiento de Cachemira como un territorio en disputa, la
retirada de las tropas indias y la liberación de todos los presos
políticos.
El líder separatista de línea dura exige además la revocación de
dos leyes que otorgan poderes especiales a las fuerzas de seguridad
acantonadas en el territorio, y que los responsables de la muerte de
los 109 manifestantes sean juzgados por los tribunales.