El gobierno de Perú decretó la reserva de un depósito de gas para destinarlo al consumo interno, en medio de persistentes demandas de priorizar el mercado nacional sobre la exportación del recurso, reporta Prensa Latina.

La decisión sin embargo, está sujeta a una negociación con el consorcio transnacional que explota el recurso, para modificar los términos de sus operaciones, virtualmente blindadas por la Constitución vigente, de corte neoliberal.

Un decreto supremo dispuso que la producción del lote 88 del yacimiento sur andino de Camisea se destine al mercado interno y para ello dejó sin efecto una norma del pasado gobierno de Alejandro Toledo que en 2005 autorizó el uso de parte de esa reserva para la exportación.

La medida sin embargo, según el decreto, está condicionada a una renegociación del contrato de operaciones del consorcio que explota Camisea, sin perjuicio del artículo 62 de la Constitución que establece los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase.

El primer ministro, Javier Velásquez, aseguró que el gobierno logrará, antes de terminar su mandato en julio de 2011, que el lote 88 se guarde para el consumo interno.

Añadió que con el decreto y otras medidas gubernamentales se cancelan las posibilidades de nuevas protestas sociales por el tema del gas, cuando diversos frentes regionales de las regiones sur y centro alistan una marcha a Lima contra la exportación.

Velásquez aseguró que no hay motivo para protestas porque el gobierno ha atendido los reclamos que motivaron la huelga general contra la venta del gas al exterior que, durante 11 días, mantuvo la provincia de La Convención, donde se encuentra Camisea.

En alusión a la movilización regional anunciada, reconoció el derecho a las movilizaciones de protesta pero no a bloquear carreteras ni atentar contra la propiedad pública o privada.

El vocero parlamentario del opositor Partido Nacionalista, Daniel Abugattás, dijo que la reserva del gas del lote 88 para el mercado interno debe hacerse efectiva y que también debe aplicarse la misma medida al lote 56.

Abugattás agregó que es un derecho de todos los peruanos luchar por garantizar el abastecimiento interno del gas a precios bajos y demandó que el Consorcio Camisea se pronuncie sobre la renegociación planteada.

Recordó que los lotes 56 y 88, por contener reservas probadas y no requerir exploración, estaban reservados para el mercado interno, pero el gobierno neoliberal de Toledo los entregó ilegalmente al consorcio.