De acuerdo con analistas, se trata de una sanción histórica contra acusados de la desaparición forzada de los activistas sociales José Carlos Trujillo y José Luis Ibsen, en los primeros días de la asonada del 21 de agosto de 1971.

A tenor con la resolución, los sentenciados deberán cumplir su condena en la cárcel de Palmasola, en la región de Santa Cruz (este).

La misma instancia judicial determinó que Juan Antonio Elío Rivero, acusado de complicidad en las desapariciones, sea condenado a 15 años de cárcel.

Los miembros de la Sala Penal Segunda argumentan que durante el proceso se demostró que las víctimas, algunos de cuyos restos aún están desparecidos, fueron privadas de libertad y sometidas a tratos crueles e inhumanos.