Especialistas de la Dirección de Consultoría jurídica y atención a asesores jurídicos, del Ministerio de Justicia (MINJUS), desarrollan por estos días una supervisión integral de la actividad en todo el país. Nueve provincias ya han sido inspeccionadas, y en marzo se inició el proceso en Ciudad de La Habana y en el Municipio Especial Isla de la Juventud.

No todos los asesores jurídicos han ganado el protagonismo que les está pidiendo la dirección del país, afirmó la licenciada Yuris San Rodríguez.

Cuando el programa concluya habrán sido supervisadas cerca de 7 000 entidades que se desenvuelven en la economía nacional.

La licenciada Yuris San Rodríguez Aroche, al frente de la mencionada dirección, explicó a Granma que el mayor saldo hasta el momento es que "nos ha permitido definir cuáles son los problemas más frecuentes de las administraciones y cómo, en alguna medida, atentan contra la seguridad jurídica de su desempeño en la economía nacional e internacional".

También se han podido corregir errores técnicos cometidos en el desarrollo de sus funciones que conllevan al quebrantamiento de los derechos de los trabajadores; aunque, subrayó, en ninguno de los casos se pudo demostrar la existencia de violación alguna de la legalidad que fuese constitutiva de delito.

Entre las deficiencias detectadas señaló falta de organización, conservación y custodia de la documentación legal de la entidad. Otra de las insuficiencias, apuntó, es que en ocasiones los asesores se mantienen al margen de sus funciones, como sucede en el proceso de contratación económica, de vital importancia dentro de las relaciones comerciales. O, lo que es más grave, no lo ejecutan según lo legislado.

Ejemplificó con una práctica generalizada que va en detrimento de la economía: Al realizar un contrato para la adquisición de determinado producto, el proveedor exige la entrega de documentos como el nombramiento de la persona que va a firmar, la autorización para hacerlo, la creación de la entidad y su objeto social. En ellos se invierten papel, tiempo, transporte, energía eléctrica¼ se dilata el proceso innecesariamente, pues la Ley solo dispone su exhibición, es decir, mostrarlos y que sean devueltos.

"Pedimos nuevas legislaciones en temas relacionados con la contratación económica; sin embargo, no somos capaces de cumplir estrictamente las que están en vigor", afirmó Yuris San.

En Cuba el asesoramiento jurídico a los organismos de la Administración Central del Estado está organizado en formas de trabajo colectivas (muchas de ellas especializadas por ramas de la economía) o mediante plazas de asesores propios que aún se mantienen en aquellas entidades que así lo requieren, ya sea por el volumen de trabajo o por las funciones de control estatal que ejercen.

Las formas colectivas referidas son: las consultorías jurídicas adscriptas a los Consejos de Administración, el servicio que brinda la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) a personas jurídicas, las sociedades civiles patrocinadas por el MINJUS y el sistema empresarial subordinado a este organismo, especializado en la rama del Transporte.

Nuestro trabajo, apuntó la Directora, tiene un matiz puramente institucional. Velar, con independencia de la forma o la organización del asesoramiento, para que las administraciones cumplan con el principio de legalidad socialista durante el desarrollo de sus actividades.

Es por ello que a raíz de promulgado el Decreto Ley 259 del 2008, "Sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo", los consultores jurídicos encaminaron sus esfuerzos a asesorar a las delegaciones municipales de la Agricultura carentes de este servicio.

Mediante dictámenes legales elaborados a partir del examen de los expedientes, los consultores han detectado irregularidades en el proceso, las cuales han sido corregidas antes de ser sometidos los documentos a la consideración de la comisión de asuntos agrarios de cada territorio y del órgano de consulta. De esta manera se ha evitado, además, la comisión de hechos de corrupción e ilegalidades, y la entrega de tierras en usufructo a personas, tanto jurídicas como naturales, que no reúnen los requisitos establecidos en el Decreto Ley, aseguró Yuris San.

"Actualmente subsiste un marcado déficit de juristas que atenta contra la posibilidad de asesorar todas las entidades del sector. Está cubierto solo el 83% de las casi 6 000 unidades que debe asumir el MINJUS, ya que el resto es atendido, en alguna medida, por asesores propios o por abogados de la ONBC.

"A partir del 2008 hemos incorporado a esta labor alrededor de 150 trabajadores sociales egresados de la carrera de Derecho, lo que nos ha permitido dar un salto en la atención a este sector, vital para la economía del país. Ese trabajo lo hemos apoyado con técnicos en asuntos jurídicos contratados por las direcciones provinciales de Justicia. A pesar de ello sabemos que aún no satisface el servicio."

"No se utiliza en toda su potencialidad. Identificamos como una de las causas fundamentales el desconocimiento por parte de los empresarios de cualquier rama de la economía acerca de las funciones del asesor jurídico.

"En función de esto el MINJUS, de conjunto con otros organismos del sistema judicial, realizó un curso de capacitación jurídica para los cuadros del Estado, y otro está en preparación.