La orden de la corte fue firmada por la jueza tejana el 12 de
abril del 2010, pero no salió a la luz hasta este domingo 25, cuando
el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, entrevistado por la
prensa al ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales,
subrayó cómo los Cinco cubanos presos en cárceles de Estados Unidos
por combatir el terrorismo contra su país se encuentran
imposibilitados de ejercer su derecho al voto.
Según reportó PL, Ricardo Alarcón de Quesada reveló entonces que,
mientras tanto, "se sigue posponiendo, mediante acuerdos de gobierno
y fiscalía, el juicio al terrorista Luis Posada Carriles".
Los procedimientos que acompañan el enjuiciamiento de Posada
estaban programados para el 20 de mayo, pero la Fiscalía federal
pidió otra vez una prórroga, bajo el pretexto algo ridículo de tener
otro compromiso ese mismo día.
"La asamblea fue aplazada, el pasado 12, sin embargo no se ha
dicho nada, no he visto ningún despacho cablegráfico, ningún medio
de comunicación lo ha informado", comentó Alarcón, al señalar el
total bloqueo informativo tanto de las agencias noticiosas, como de
la prensa mafiosa de Miami.
La llamada asamblea no es más que un intercambio entre la
Fiscalía y la defensa para ponerse de acuerdo sobre la orientación
del juicio y en cuanto a la fecha de este.
Esta forma de "justicia" es algo corriente en Estados Unidos,
donde se alargan los casos con procedimientos dilatorios, cuando la
Fiscalía y la defensa tienen interés común en este sentido. En esta
oportunidad, la Fiscalía necesita salvar a Posada de una
extradición, lo que le conviene a la defensa que, mientras tanto,
siguen facturando a fondo los "benefactores" de Posada.
Irónicamente, el dossier Posada está bajo la
responsabilidad de fiscales federales de la sección antiterrorista
del Departamento de Justicia.
La actual administración norteamericana, igual que la de George
W. Bush, pretende hacer creer que no conoce pruebas de que Posada es
uno de los autores intelectuales de la explosión, en pleno vuelo, de
un avión de cubana de aviación, en Barbados, en 1976.
Tampoco reconoce que su cómplice principal, Orlando Bosch Ávila,
refugiado en Miami desde el 28 de julio de 1960, es un terrorista.
Posada y Bosch son los cofundadores de la CORU, la terrorista
Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas, cuyas
operaciones están entre las más sangrientas de toda la historia del
terrorismo en el continente.
Posada fue durante varias décadas un colaborador asiduo y un
agente confeso de la Agencia Central de Inteligencia de Estados
Unidos, bajo orientación de la cual cometió numerosos actos de
terrorismo, torturó y desapareció a personas en operaciones de
contrainsurgencia tanto en Venezuela, como en América Central;
traficó armas y narcóticos, y participó en varios intentos de
asesinato del líder cubano Fidel Castro.
Mientras Posada y sus defensores quieren justificar sus crímenes
por el hecho de que obedecía a órdenes de la CIA, el Ministerio
Público afirma que la mención de los vínculos de Posada Carriles con
la CIA no es pertinente para el estudio de los 11 cargos
presentados. La jueza Cardone prohibió a los abogados del asesino
involucrar a la CIA en su defensa.
Después de su entrada ilegal en Estados Unidos, hace cinco años,
Posada fue formalmente inculpado con cargos menores a partir de
enero del 2007. Su juicio fue primero fijado para el 11 de mayo de
ese año. ¡Hace ya tres años!
Y cuatro años exactamente han pasado desde que Robert E.
Jolicoeur, director de la Oficina del Servicio de Inmigración y
Control de Aduana de Estados Unidos (ICE) en El Paso, Texas, le
dirigía a Posada Carriles, entonces detenido, una carta en la cual
le decía que constituía "un riesgo para la seguridad nacional de
Estados Unidos"