El gobierno boliviano negó que existan en el país perseguidos políticos, al tiempo que ratificó denuncias contra el ex prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien huyó del país acusado de corrupción, entre otros delitos, reporta Prensa Latina.

Entrevistada telefónicamente por la estatal Radio Patria Nueva, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, precisó desde Washington que entregó al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe completo sobre este caso.

Reyes Villa, quien también fuera candidato de la oposición a las elecciones generales del pasado 6 de diciembre, deberá responder ante la justicia por daños económicos superiores a los 22 millones de dólares, precisó.

La ex autoridad, agregó, desvió esos recursos que hoy pudieran servir para construir nuevas escuelas, carreteras y otros proyectos que harían de la capital valluna un centro de mayor desarrollo.

Suxo aclaró que en Bolivia no existen perseguidos políticos, sino ex autoridades denunciadas en la Justicia por delitos de corrupción.

En ese sentido, manifestó su preocupación frente a las constantes peticiones de intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en casos de supuesta persecución política.

También recordó que varias ex autoridades presentaron denuncias ante la CIDH, cuando en realidad son prófugos de la justicia boliviana que deben responder por todas esas denuncias.

Mencionó además al primo del ex prefecto del departamento de La Paz, Luis Alberto "Chito" Valle, que mantiene asilo político en Chile.

Al respecto, reiteró que la CIDH no puede proteger a quienes cometen actos de corrupción y huyen de sus países, sin responder ante la justicia por esas irregularidades.

Señaló que países como Guatemala, Paraguay y el propio reelecto secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, manifestaron la importancia de tomar en cuenta esa preocupación, para valorarla de manera oportuna a la hora de analizar las denuncias presentadas ante la CIDH.