Los sectores de base, junto a varios alcaldes y diputados, acordaron ayer en una plenaria nacional desconocer a la junta directiva central y a legisladores y funcionarios comprometidos con la ruptura del estado de derecho.

Ratificaron además la alianza con las fuerzas populares que desde hace 18 días mantienen marchas y otros actos de resistencia pacífica para exigir el retorno a la legalidad democrática y del presidente constitucional, Manuel Zelaya.

Varios dirigentes acusaron de traición al presidente de facto, el empresario Roberto Micheletti, al candidato presidencial oficialista, Elvin Santos, y los diputados que aprobaron el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya.

Santos recibió un ultimátum que vence este miércoles para pronunciarse firmemente contra el golpe o de lo contrario será rechazado por los liberales como candidato para las elecciones del 29 de noviembre próximo.

No obstante, el joven dirigente Carlos Eduardo Reina alertó que el silencio cómplice del candidato ha comprometido la victoria del partido en los comicios, al informar que en apenas dos semanas perdió 25 puntos en las encuestas.

La primera dama del gobierno de Zelaya, Xiomara Castro, censuró incluso a Santos por no haberse interesado siquiera por la situación de la familia del estadista, a pesar de la persecución a que la sometieron los golpistas.

Los centenares de participantes en la plenaria decidieron comenzar consultas desde los barrios y los municipios hacia una nueva convención nacional para reconstruir el partido.

Aún cuando se trata de un proceso incipiente, todo indica que los cambios impulsados por Zelaya durante su gobierno pueden alcanzar también a su partido, cuyas bases han compartido en las calles la resistencia antigolpistas de las fuerzas populares.

De acuerdo con la dirigente sindical Maritza Somoza, el ex presidente Carlos Flores Facussé controlaba la organización como una de sus tantos negocios privados.