La AN acordó "garantizar la democratización del espectro radioeléctrico, la eliminación del latifundio mediático, la paz, la tranquilidad y la salud mental del pueblo venezolano".

El Parlamento también se comprometió a seguir las investigaciones sobre las denuncias consignadas por usuarias y usuarios, organizaciones sociales y productores audiovisuales independientes ante el Poder Legislativo en coordinación con el Ejecutivo Nacional.

Para su decisión, la Asamblea consideró como un latifundio mediático el hecho de que 27 familias posean de manera privilegiada más del 32 por ciento del espectro radioeléctrico del país.

La AN también tuvo en cuenta que el 40 por ciento del espectro radioeléctrico es utilizado y explotado de manera ilegal, de acuerdo con datos obtenidos mediante la actualización de los corroborados por CONATEL.

Según el artículo siete de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de la Constitución venezolana, el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público para cuyo uso y explotación deberá contarse con la respectiva concesión de conformidad con la ley".