LAS TUNAS.— Atraídas por el suceso, llamado a elevar la cultura jurídica y la conciencia de la población, numerosas personas se aproximan al céntrico parque Vicente García González, donde, en proceso excepcional, el tribunal municipal desarrolla un acto de comparecencia pública en torno al estado peligroso por conducta antisocial de un ciudadano proclive a la práctica del tráfico ilegal de divisas y al expendio de productos procedentes de las tiendas recaudadoras.

Conforme a los requerimientos técnicos para esos procesos, el acusado tiene la posibilidad de hablar, aceptar o negar los cargos que se le imputan, la fiscalía expone razones y argumentos, la defensa interviene, los jueces deliberan y dictan sentencia...

A pesar de realizarse en un área abierta, cada paso transcurre en medio de un profundo silencio. Los rostros no mienten. Nadie (ni siquiera los especialistas llamados a hacer justicia) se complace con la sesión. Gustavo, el encausado, lo sabe. Tal vez por eso, parte del tiempo permanece con la vista en declive, quizás huyendo de esas miradas de pueblo donde se mezclan rechazo a actitudes impropias y preocupación, cuando son jóvenes los "tristes protagonistas" de tales deformaciones.

Ojalá el malestar que refleja su semblante sea vergüenza, arrepentimiento, gratitud ante la diestra defensa por parte del abogado, asunción de la honestidad con que se expresó el presidente del tribunal, reconocimiento de la nobleza con que varias veces fue advertido y llamado a cambiar su desviada postura por parte de vecinos, autoridades del orden interior, miembros del grupo de trabajo comunitario...

Lógico sería que, tras varios años sin trabajar, ni aportarle a la sociedad en correspondencia con todo lo que de ella recibe, su reciente vínculo con la actividad laboral le haya dejado la enseñanza que debieran conocer quienes tienden a ejercer, o practican, la venta ilícita de divisas, la estafa a personas ingenuas, el acaparamiento de productos rebajados, la reventa a precios lucrativos y otras fechorías de las cuales el tribunal municipal tunero se propone salvar a Gustavo, mediante un periodo de reeducación (medida de seguridad predelictiva por tres años) en uno de los establecimientos especializados de trabajo con que cuenta el Ministerio del Interior en el territorio.