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La entrada en vigor de la Ley de Pesca y Acuicultura en Venezuela
redundará en beneficios para la conservación de los recursos marinos
y en la calidad de vida de miles de personas que viven de esa
actividad.
A partir de la medianoche de hoy, la disposición, con valor y
fuerza de ley, prohibirá las actividades de pesca industrial de
arrastre dentro del mar territorial y la zona económica exclusiva de
este país.
El Ministerio para el Ambiente (MINAMB) considera que serán
invaluables los beneficios que traerá la imposición del decreto,
dado el impacto negativo de la pesca de arrastre en los ecosistemas
marinos y su productividad biológica.
En la diversidad biológica se encuentra las biomoléculas que
pueden permitir la obtención de fármacos y material genético para
superar cualquier limitación de tipo agroalimentaria, médica o
industrial, explicó el director de diversidad biológica del MINAMB,
Jesús Manzanilla.
Para el experto, con un proceso racional de investigación, uso y
aprovechamiento podemos poner esa diversidad al servicio de la
nación y el desarrollo nacional.
Especialistas estiman que con la medida los pescadores de pesca
artesanal y la producción nacional se beneficiarán al incrementarse
algunas especies marinas como la sardina, el corocoro y la catalana
que con el arrastre huían hacia las profundidades.
Un impacto positivo a corto, mediano y largo plazo traerá la
decisión para los miles de pescadores y sus familias, quienes
mediante un conjunto de programas elaborados por el gobierno del
presidente Hugo Chávez mejorarán la calidad de vida.
De la misma manera serán reivindicados reclamos nunca antes
atendidos.
Entre las propuestas gubernamentales están la de crear modelos
productivos socialistas que rompen los paradigmas de la pesca como
negocio y otorgar pensiones a los pescadores mayores de 55 años de
edad.
El presidente del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura,
Gilberto Giménez, informó que hasta la fecha existen 182 consejos de
pescadores con unos cinco mil 500 trabajadores del mar y sus
familiares incorporados, quienes participarán de forma activa en el
diseño de las políticas pesqueras nacionales.
Esos consejos de pescadores, como unidades representativas del
poder popular, realizarán los proyectos destinados a satisfacer las
necesidades vinculadas con embarcaciones, motores, artes de pesca y
áreas de frío.
Los insumos serán entregados por el gobierno mediante el
financiamiento directo a los consejos y el propósito es involucrar
en ese proceso a los 25 mil pescadores que se estima existen en
Venezuela.
Las alternativas incluyen también la incorporación de pescadores
a la empresa pesquera del ALBA, que comenzará a operar mañana con
dos barcos para captura de atún y jurel y debe constituirse en una
flota superior a 30 embarcaciones.
El Ejecutivo, incluso, formula soluciones para los más de mil
marinos y tripulantes de las 248 rastro-pescadoras activas, los
cuales propone censar y reorientar hacia otras actividades.
Estimados indican que el 70 por ciento del pescado distribuido en
el mercado nacional es capturado por los pescadores artesanales, lo
cual desacredita las alarmas de desabastecimiento generadas por
ciertos sectores que se oponen a la medida.
Mientras, la pesca de arrastre es utilizada básicamente para la
captura de camarón y el 70 por ciento de los peces atrapados son
desechados.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación apoyó la decisión del gobierno venezolano al calificar
la medida de positiva no sólo en el plano ambiental, sino en el
social y económico.