NUEVA YORK.— Muchos defensores de los derechos humanos aplaudieron al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por ordenar el próximo cierre de la cárcel en (NR: la ilegal) base naval de Guantánamo, Cuba. Muchos otros preguntaron entonces qué pasaría con la de Bagram, en Afganistán.

Abogados del Departamento de Justicia (fiscalía general) de Obama respondieron esa interrogante la semana pasada en tribunales federales: el poder ejecutivo asumirá la misma posición que durante la presidencia de George W. Bush (2001-2008).

En otras palabras, los más de 600 detenidos en la base aérea estadounidense en Bagram, Afganistán, el triple de los hoy presos en Guantánamo, no tienen derecho a que tribunales del país norteamericano analicen la legalidad de su reclusión.

La prisión afgana se construyó poco después de que la invasión de finales del 2001, encabezada por fuerzas estadounidenses, expulsara al movimiento islamista Talibán del poder en Afganistán.

El Departamento de Justicia entiende que ninguna de las sentencias sobre Guantánamo puede aplicarse en beneficio de los recluidos en Bagram, pues los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre ellos y su cautiverio responde a una operación militar en curso. Abogados de los detenidos en la base afgana opinan lo contrario.

El Tribunal de Distrito de Washington, presidido por el juez John D. Bates, celebró en enero una audiencia de apelaciones presentadas por separado en nombre de cuatro detenidos llevados a Bagram desde fuera de Afganistán.

En la audiencia, abogados del gobierno de Bush alegaron que los detenidos de Bagram eran diferentes de los de Guantánamo, y que podían plantear una amenaza a la seguridad si eran liberados.

Si bien aún resta el fallo, el juez Bates preguntó a los abogados "qué evidencia existe para creer que (los detenidos) regresarían al campo de batalla, si, para empezar, ni siquiera estaban en el campo de batalla".

Ahora, esa política será evaluada por tribunales estadounidenses, donde organizaciones de activistas argumentarán que los detenidos en Bagram deberían tener los mismos derechos que los de Guantánamo, incluido el de someterse a una audiencia ante un juez neutral.

La ONU criticó en un reporte la condición de reclusión de los prisioneros en Bagram: "Hay informes según los cuales algunos han estado detenidos por hasta cinco años. Ex presos aseguran haber sufrido torturas severas, e incluso abuso sexual. También alegan que fueron mantenidos en la misma jaula junto a entre 15 y 20 hombres, y que dos detenidos fallecieron en circunstancias cuestionables mientras estaban bajo custodia", dice el estudio.

En otro reporte, se urgió a Obama a poner fin a las "políticas ilegales de detención" del gobierno de Bush y a asegurarse de que los cautivos en Bagram tengan acceso a la justicia estadounidense.

Mientras, el gobierno también se pregunta qué hacer con Ali Saleh Kahlah al-Marri, el último "combatiente enemigo" encarcelado en Estados Unidos. Al-Marri está aislado en un calabozo naval de Carolina del Sur desde hace más de cinco años. Nunca fue procesado por delito alguno.

El 10 de septiembre del 2001, Al-Marri, ciudadano de Qatar, llegó a Estados Unidos con su esposa e hijos. Tenía una visa de estudiante rumbo a una universidad de Peoria, en el central estado de Illinois.