La magnitud de los daños causados por la administración republicana y cuan duraderos serán dependen en parte de los resultados de dos casos que analiza la justicia, señala el periódico.

La Corte Suprema de Justicia aceptó debatir una demanda contra Bush por ordenar el encierro indefinido sin cargos del qatarí Ali al-Marri, quien reside en Estados Unidos, detenido desde 2003 en un barco de la Armada, según el matutino.

La lectura intolerable de la ley que hace la Casa Blanca dejaría a un presidente libre para suspender los derechos de cualquier persona, incluso de ciudadanos americanos, subraya.

El otro caso es el del canadiense de origen sirio Maher Arar, una víctima de la política de Bush, comenta el periódico.

Arar fue arrestado en 2002 y mantenido incomunicado en una prisión sin derecho a ver a su abogado y sometido a torturas, asegura The New York Times.

Tras el escándalo, Ottawa reconoció que envió información errónea a los funcionarios norteamericanos y pagó una indemnización.

Una corte de apelaciones estudia una demanda de Arar, quien denunció la violación de sus derechos fundamentales y las torturas cometidas en su contra.